Cargando contenido

Ahora en vivo

Seleccione la señal de su ciudad

Por cartel de la toga Procuraduría pidió investigar a exmagistrado Ricaurte y a exfiscal Moreno

La Procuraduría General de la Nación le solicitó al Consejo Seccional de la Judicatura que investigue, en su condición de abogados, al expresidente de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte y al exfiscal Anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera, por su presunta participación como intermediarios del exmagistrado Leonidas Bustos en el cobro de cuantiosas sumas de dinero a congresistas por el cartel de la toga. 

Corte Suprema / Foto archivo Colprensa-Diego-Pineda


La Procuraduría General de la Nación le solicitó al Consejo Seccional de la Judicatura que investigue, en su condición de abogados, al expresidente de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte y al exfiscal Anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera, por su presunta participación como intermediarios del exmagistrado Leonidas Bustos en el cobro de cuantiosas sumas de dinero a congresistas por el cartel de la toga. 


Para el Ministerio Público a esta investigación deberán ser vinculados todos los abogados que presuntamente mediaron para obtener beneficios económicos, incurriendo en faltas contra la administración de justicia y los fines del Estado.


La Procuraduría pidió que se investigue a todos los abogados que para el momento no ejercían funciones públicas y que habrían exigido dinero al senador Musa Besaile, a quien la Corte Suprema adelantaba, por lo menos, cinco investigaciones: una de ellas por parapolítica, por lo que habría accedido a entregar $2.000.000.000 para frenar una inminente orden de captura y otras actuaciones penales en su contra.


Para el caso del exfiscal Gustavo Moreno y el abogado Gerardo Torres Roldán, conocido como Yayo, el Ministerio Público solicitó se les investigue por el posible pago que habría hecho el senador Hernán Andrade para lograr el archivo, en 2014, de una indagación en su contra, hecho que, adicionalmente, es investigado por la Procuraduría.


Según el Ministerio Público, los abogados habrían incurrido en faltas contra la dignidad de la profesión, la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado y la honradez del abogado.