Juez deja en libertad a alcalde y exalcalde de Santa Marta

Un juez de control de garantías de Santa Marta no aceptó la solicitud de medida de aseguramiento presentada por la Fiscalía General y ordenó la libertad del alcalde Rafael Martínez y el exalcalde Carlos Caicedo, procesados por su presunta participación en la celebración irregular de contratos para la construcción de cinco centros de salud en la capital del Magdalena.

El abogado Iván Cancino, quien defiende los intereses de los dirigentes políticos, aseguró que el funcionario judicial consideró que no existían méritos para privar de su libertad a los dos imputados. (Lea también: Alcalde y exalcalde de Santa Marta no aceptaron cargos por corrupción)

En la audiencia celebrada de manera reservada el pasado miércoles, la Fiscalía General les imputó los delito de celebración indebida de contratos y peculado por apropiación. Ante la pregunta del juez Martínez y Caicedo se declararon inocentes.

La Fiscalía General investiga a los mandatario por las falencias que se presentaron en la celebración y ejecución de cinco contratos cuyo valor global asciende a los 12 mil millones de pesos. Los convenios tenían como objetivo la construcción de cinco puestos de salud en Santa Marta.

Según la investigación, el exalcalde Caicedo habría suscrito un acta y un acuerdo que autorizaba la demolición y construcción de cinco puestos de salud: Mamatoco, La Paz, Candelaria, Taganga y Bastidas Sin embargo, solamente se construyó este último.

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Los dos contratos en la mira de la Fiscalía son el No. 004, firmado el 18 de noviembre de 2014. Este convenio fue celebrado entre la ESE Alejandro Próspero Reverend y Mediredes SAS para el mantenimiento y adecuación de los centros de salud Bastidas, Candelaria, Mamatoco, Taganga y La Paz. El mismo tuvo un valor de 6.532 millones de pesos.

En este primer contrato se detectó que se habría presentado un incumplimiento en los requisitos legales,  falta de planeación, inexistencia del concepto de viabilidad técnica por parte del Ministerio de Salud para la ejecución de proyectos de inversión, así como de la licencia de construcción, lo que generó un detrimento patrimonial cercano a 5.000 millones de pesos. 

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El proceso contra Rafael Martínez

En el caso del suspendido alcalde de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez se le investiga por su presunta participación en las fallas que se presentaron en la etapa precontractual y la suscripción del contrato No. 007 de 2016, que tenía como fecha límite de su ejecución el 31 de diciembre de 2017.

Este segundo contrato fue celebrado entre la Alcaldía de Santa Marta y la Unión Temporal Construyendo Salud y tenía por objeto la adecuación y terminación de los centros de salud: La Candelaria, La Paz y Taganga, por valor de $5.863 millones.

En relación con este contrato, la Fiscalía evidenció inconsistencias relacionadas con la obtención extemporánea del concepto de viabilidad técnica por parte del Ministerio de Salud. El convenio fue otorgado cuando se encontraba en plena ejecución; además se determinó que la licencia de construcción también se solicitó extemporáneamente y a la fecha no ha sido otorgada.

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