Juez legalizó allanamiento realizado a sede de Reficar en Bogotá

Un juez de control de garantías de Bogotá legalizó la diligencia judicial de allanamiento adelantado por la Fiscalía General a la Sede Administrativa de la Refinería de Cartagena, ubicada en el norte de Bogotá.

El juzgado avaló las labores judiciales realizadas por un grupo especial del CTI en la que fueron encontrados más de 2.500 contratos, cinco mil gigas de información, toda una serie de computadores y otros elementos.

De igual Forma, la Fiscalía ordenó continuar con el allanamiento a la sede principal de Reficar en la ciudad de Cartagena.

El CTI tiene previsto extender esta diligencia por otros tres días para recolectar toda la documentación, computadores y demás elementos.

Tras el hallazgo de todos estos elementos, ahora un grupo de agentes del CTI, expertos principalmente en delitos contables, con apoyo de la policía económica y financiera, llevarán a cabo un análisis técnico con el fin de establecer la comisión de posibles delitos.

RCN Radio conoció que dentro de los documentos encontrados en Bogotá aparecen todos los manuales, facturas, contratos, políticas y procedimientos de la empresa con el fin de descubrir si se presentaron o no irregularidades relacionadas con los más de 4 mil millones de dólares en sobrecostos advertidos por la Contraloría General.

Igualmente, la Fiscalía no descarta citar a declarar próximamente a miembros de la junta directiva de Reficar o al propio presidente de esa compañía.

Para acelerar las indagaciones, los expertos de la Fiscalía procedieron a ordenar parte de la información en distintas carpetas de trabajo como las actas de junta directiva, las auditorías realizadas por la Contraloría y las diferentes escrituras públicas de la compañía.

Según los investigadores, fueron recolectas las actas de las reuniones celebradas por la junta directiva de Reficar entre el periodo 2006 a 2015, al igual que las auditorías a las que fue sometida la empresa desde 2009 hasta 2014 y cerca de quince escrituras con registros de 2006 a 2015.

Los investigadores en este caso podrían eventualmente procesar a quien resultó responsable de estos hechos por delitos como celebración indebida de contratos, falsedad, peculado, entre otros.