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Madres comunitarias exigen al Estado cumplir con fallo de la Corte Constitucional en seguridad social


El abogado Juan Pablo Mantilla, coordinador del equipo Jurídico del Sindicato Nacional de Trabajadores al Cuidado de la Infancia y Adolescentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SINTRACIHOBI) instauró un incidente de desacató con el que busca que el Estado reconozca el pago de pensión y seguridad social a 106 madres comunitarias.


De acuerdo con Mantilla, la acción judicial podría resultar en privación de la libertad de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Cristina Plazas, o en altas multas.


"La tutela fue notificada al ICBF el 13 de diciembre de 2016 y el plazo perentorio para su cumplimiento, que es de un mes, ya venció", indicó Mantilla.


La decisión de la Corte Constitucional se encuentra en firme, es de obligatorio cumplimiento para el ICBF y debe ser decidida en los próximos 10 días.


Esta jurisprudencia que beneficia inicialmente a 106 mujeres podría llegar a cobijar a cerca de 120 mil madres comunitarias, cuyo pago ascendería a 29 billones de pesos.