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Nación es responsable por despojos de tierras en zona de distensión de las Farc: Consejo de Estado

Zona de distensión del Caguán / Foto AFP



La Sección Tercera del Consejo de Estado declaró responsablea a la Presidencia de la República y los ministerios del Interior, de Justicia y de Defensa por el despojo de predios que se realizaron por parte de las Farc durante la zona de distensión para realizar los diálogos de paz entre el Gobierno y esa guerrilla en el año 2000.

En este fallo, conocido por RCN Radio, el Consejo de Estado analizó los diferentes aspectos que llevaron el despojo de predios y diferentes actos delictivos perpetrados por la guerrilla de las Farc y determinó la responsabilidad de la Nación al no haber garantizado la protección de los habitantes en esa zona, bajo el argumento de conseguir la terminación del conflicto armado.

Dentro de la sentencia, el alto tribunal recordó que el Estado independiente de ir tras la búsqueda de la terminación del conflicto armado para el país "deberá garantizar la seguridad y la integridad de todos los que participen en los procesos de paz, diálogo, negociación y firmas de acuerdos de que trata esta ley", señala la sentencia.

La zona de distensión decretada por el gobierno durante el mandato del presidente Andrés Pastrana, habría determinado un favorecimiento a la guerrilla de las Farc con el objeto de establecer un acercamiento directo para conseguir la paz en Colombia.

"Así estando probado que el señor fue víctima de un despojo de su lugar de residencia y de los predios que explotaba económicamente por parte de la guerrilla de las Farc, es evidente que en él y sus bienes se concretó el riesgo al que sometió el Gobierno nacional a los habitantes de Vista Hermosa, Meta, y del resto de municipios que hicieron parte de la zona de distensión creada por la resolución n° 084 del 14 de octubre de 1998", indica el fallo.

El Consejo de Estado hizo dentro de este fallo un llamado de atención por los argumentos que fueron presentados por el gobierno en el caso particular aduciendo que la víctima quien fue despojada de sus predios y a quien le quitaron sus cultivos, ganado y demás, era financiadora de la guerrilla porque pagada extorsiones y por lo tanto el despojo de sus terrenos fue consecuencia de esa presunta colaboración con ese grupo armado ilegal.

"Además, en cualquier caso, mal podría endilgársele al demandante una condición de financiador o patrocinador de la guerrilla por pagar extorsiones, dado esto, lo que se demuestra es que esa persona fue víctima de un delito derivado de un conflicto armado que el Estado no estuvo en la capacidad de dar por finalizado", señala el Consejo de Estado.

Por estos hechos, el Consejo de Estado con ponencia del magistrado Danilo Rojas además de sentar un precedente relacionado con las acciones que se realizaron en el marco de la zona de distensión, condenó a la Nación a pagar más de 2 mil millones de pesos a la persona afectada y en lo posible devolver estos predios que al parecer siguen en poder de ese grupo guerrillero.