Acción de Repetición: Un mecanismo que debe reforzarse
La Constitución de 1991 introdujo al país un innovador recurso, por medio de la cual si una entidad del Estado debe pagar una indemnización a un tercero por una acción de dolo o culpa por parte de un funcionario, ese funcionario debe pagar de su bolsillo.
6 Jul 2015 - 08:47 am
Este mecanismo busca combatir las acciones arbitrarias por parte de los funcionarios públicos, así como los abusos de poder y la toma de decisiones por motivos personales frente a un tercero.
Sin embargo, la Acción de Repetición en Colombia no es utilizada con frecuencia. Cada año el estado paga cerca de 1.2 billones de pesos en indemnizaciones pero solo hay en curso poco más de 1.000 acciones de repetición por un valor cercano a los 338 mil millones de pesos.
RCN La Radio investigó el tema y consultó a los expertos que piden una reforma con urgencia.
El mecanismo de la Acción de Repetición buscaba desde el momento de su creación, que los funcionarios que incurrieran en dolo repararan desde su propio patrimonio lo que le tocaba pagar al Estado por cuenta de sus acciones dolosas o gravemente culposas.
"Es decirle a un funcionario público que es el llamado a cumplir con la ley y la Constitución, que si no lo hace, tendrá que responder con su patrimonio personal" explicó Santiago García, columnista y profesor de derecho constitucional de la Universidad Javeriana, sobre la naturaleza del recurso.
También señaló que éste busca precisamente persuadir a los funcionarios públicos a dar buen ejemplo y actuar siempre de manera correcta.
Sin embargo, en los últimos 11 años, el promedio anual de pagos de indemnizaciones pasó de 219 mil millones de pesos a casi 1.2 billones. Solo en los últimos 4 años el Estado ha sido obligado a indemnizar a terceros por una suma superior a cuatro billones de pesos.
La alarmante cifra obligó al gobierno del presidente Juan Manuel Santos a crear la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, una entidad que busca mejorar los mecanismos del Estado para defenderse frente a esas demandas.
Adriana Guillén, directora de esa entidad, contó sobre la magnitud del pago que el estado hace anualmente por sentencias y conciliaciones y lo poco que en la práctica significa el aporte de la Acción de Repetición.
Guillén, directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, además propone una solución: "el uso del recurso de llamamiento en garantía al funcionario acusado, pues a diferencia de la Acción de Repetición, puede vincularse a un empleado público desde el comienzo de un proceso y no después de la terminación de éste, que en ocasiones puede durar más de una década".
El llamamiento en garantía, según Guillén busca precisamente que "el Estado no tenga que esperar esos 6 o 10 años, sino que podamos desde el mismo momento que se interpone la acción contra el Estado, llamar al funcionario".
Un documento publicado por la Contraloría General de la Nación en febrero de 2015, puso en evidencia la preocupación de la Contraloría por los pocos casos de uso de la Acción de Repetición y cómo el Estado terminaba siendo el gran afectado, pues estaba obligado a pagar en muchos casos por cuenta de acciones dolosas y culposas de algunos funcionarios.
Si bien la Acción de Repetición solo es posible de utilizar en ciertos escenarios, la Contraloría General mostró su preocupación por la falta de uso de este recurso.
"Una baja eficacia presenta la Acción de Repetición como mecanismo legal para recuperar los cuantiosos dineros que el Estado ha pagado por concepto de condenas proferidas en su contra", señala el documento de la Contraloría que añadeque las entidades que más afectadas se ven por esta baja efectividad son las de los sectores de defensa, justicia y seguridad.
El exministro de Defensa y de Justicia, Juan Carlos Esguerra, fue durante la Constituyente de 1991, uno de los creadores de la Acción de Repetición; y aunque el mecanismo fue una creación en la que él participó, explica que ha evidenciado ciertas fallas en su funcionamiento.
Esguerra le dijo a RCN La Radio que la Acción de Repetición no ha funcionado como debería, en gran parte porque demostrar el dolo o la culpa grave es una tarea muy difícil.
"La experiencia ha demostrado que la Acción de Repetición no ha funcionado como debería haber funcionado", señaló Esguerra.
Pero también, el exministro reconoció que no cree que la Acción de Repetición deba ser reemplazada, sino reformada para ser útil y práctica en más casos, además aseguró que el éxito de la figura estaría en conseguir mecanismos que permitan demostrar que dentro de una acción hubo dolo o culpa grave.
En cualquier caso, queda claro que el Estado pierde una cantidad de recursos muy grande en condenas y arreglos, y que debe buscar valerse de mejores estrategias para defender mejor sus arcas en las batallas judiciales.
La Acción de Repetición solo puede ahorrar al Estado de una parte de sus gastos en condenas y persuadir a los funcionarios a obrar de una manera transparente y adentro de la ley. Sin embargo, deben tomarse medidas para hacer que este mecanismo, o uno nuevo, puedan evitar el gasto excesivo por parte del Estado en demandas, en casos donde la verdadera responsabilidad la tuvo un funcionario que obró de manera dolosa o con culpa grave.