Consejo de Estado advierte que puestos de control deben permanecer en las poblaciones

La decisión fue adoptada por el alto tribunal al negar una solicitud de traslado de una Brigada Móvil del Ejército Nacional que se encuentra en el municipio de Ituango (Antioquia) al argumentar la población que su permanencia pone en peligro a la comunidad ante los eventuales ataques de grupos armados que delinquen en la zona.

Para la Sección Primera, con ponencia del magistrado Guillermo Vargas Ayala, esta pretensión no puede ser aceptada al considerar que la instalación de una base militar en una determinada población, no puede suponerse una amenaza o vulneración al derecho colectivo sino un instrumento de protección que tiene el Estado para los ciudadanos.

"Los ciudadanos tienen el deber de soportar, como carga social, la ubicación de un puesto de control de la fuerza pública en su vecindario, como apoyo a la autoridad", señala el fallo del Consejo de Estado.

De igual forma el alto tribunal indicó que si bien existen condiciones expresas para solicitar el traslados de estos puestos de control, debe demostrarse que hay amenazas graves e inminentes para la vida e integridad de la población "(…) y a que se demuestre que hay una situación de debilidad que les impida a los pobladores cumplir con sus deberes constitucionales de apoyo a la autoridad".

No obstante, el Consejo de Estado aclaró que si bien se puede usar la Acción Popular en estos casos para proteger los derechos fundamentales colectivos, la sola incertidumbre o el temor al que están sometidos los habitantes de la población por un posible ataque terrorista no es suficiente para que se ordene el traslado de una estación de policía.

En el caso particular para el alto tribunal, lo que ha ocasionado los enfrentamientos entre la guerrilla y el Ejército no es la existencia de la Brigada Móvil, sino que en la zona los grupos armados ilegales realizan actividades desde hace mucho tiempo, antes de la llegada de las tropas de las fuerzas militares.