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Ministro Martínez retó a Angélica Lozano a que renuncie si comprueba ofrecimientos para ser Fiscal

Al finalizar el debate de Equilibrio de Poderes, el ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, retó a la Representante de la Alianza, Verde Angélica Lozano, a que renuncie si comprueba que aspira a ser Fiscal General de la Nación y que estaba tratando de quedar bien con los presidentes de las Altas Cortes.

Angélica Lozano respondió, "el ladrón juzga por su condición, Néstor Humberto cree que porque anoche le hacia un mandado a los presidente de las Cortes a la Suprema que elige al fiscal a la que el aspira, así somos todos los demás, el no tener rabo de paja me permite decir en público y con pruebas porque anoche conseguí la proposición que se puede leer y que beneficiaba exclusivamente a los presidente de las Altas Cortes y que trajo él".

"Hoy ganamos los colombianos, yo entiendo que él tenga que dejar sus constancias porque si una primípara venga a revelar la jugada que iba hacer no le debió gustar" finalizó diciendo la congresista de la Alianza Verde.

A su turno, el Ministro Néstor Humberto Martínez manifestó, "con el honor de los colombianos no se juega, sí es cierto que yo vine con ánimo torticero a afectar esas disposiciones, yo renunció hoy al cargo de Ministro de la Presidencia y yo la invito a que si eso no es cierto sea usted que renuncie" afirmó el Ministro.

La representante Angélica Lozano replicó, "yo no tengo que renunciar a mi cargo, la proposición que me entregó su asesora es pública, le entregaba la ejecución de todo el presupuesto de la Rama a los tres presidentes de las Altas Cortes".

"¿Ud se renunció ayer a las 5 de la tarde con el presidente de la Suprema Corte Leonidas Bustos, que elige Fiscal General de la Nación? hablemos de eso”, finalizó diciendo Angélica Lozano.

Equilibrio de Poderes, a un paso de ser aprobado por el Congreso

Este penúltimo debate de Equilibrio de Poderes no solo se caracterizó por los enfrentamientos entre la Representante Angélica Lozano y el Ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, sino porque se revivieron dos temas que ya habían sido tumbados en debates anteriores en el senado de la República y sumaron otros dos más.

El primero fue la eliminación de la figura de la reelección presidencial y se prohíbe la reelección de magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, miembros de la Comisión de Aforados, del Consejo Nacional Electoral, el Fiscal General de la Nación, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, el Auditor General de la República, el Registrador Nacional del Estado Civil.

Se cambió la forma de elegir al Contralor general y los contralores territoriales. El Contralor General será elegido por el Congreso en pleno de lista conformada por convocatoria pública. Los contralores departamentales, distritales y municipales no tendrán reelección y serán elegidos por las asambleas departamentales, concejos municipales y distritales mediante convocatoria pública.

Se asignarán curules en Senado, Cámara de Representantes, asambleas y consejos para los candidatos que obtengan la segunda mayor votación en las elecciones a Presidencia, Vicepresidencia, gobernaciones y alcaldías, respectivamente. En el caso de asambleas y concejos se mantiene el número de curules.

Fue aprobada una curul para la Cámara de Representantes para los habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, suprimiéndole una a la circunscripción Especial de colombianos en el exterior.

Se amplía la figura de la ‘silla vacía’ para los miembros de corporaciones públicas que fueron elegidos por voto popular y condenados por delitos contra la administración pública, narcotráfico y por hacer parte de grupos armados ilegales.

En este debate se logró revivir la propuesta de senado regional planteada por el Gobierno para que los departamentos con menos de 500 mil habitantes tengan representación en dicha corporación.

El Senado de la República seguirá integrado por cien miembros pero habrá un senador por cada uno de los departamentos más apartados de acuerdo con el último censo poblacional; los demás se elegirán por circunscripción nacional.

Las mujeres tendrán mayor participación en la política que consagrando los principios de alternancia, paridad y universalidad en las listas de los partidos para procesos de elección popular.

Se elimina la Comisión de Acusaciones y se crea la Comisión de Aforados que sería conformada por tres miembros elegidos por el Congreso en pleno por un periodo de ocho años. En este debate se dejó claro que los aforados son: Magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el Fiscal General de la Nación. Estos funcionarios no pueden ser juzgados por votos u opiniones proferidos en ejercicio de su independencia funcional.

Se elimina el Consejo Superior de la Judicatura y se crea la Comisión Nacional de Gobierno y Administración Judicial que estarán a cargo del Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la Rama Judicial para definir las políticas de la rama, el reglamento de la carrera judicial y aprobar el presupuesto.

Se aprobó una nueva proposición presentada por el Gobierno en el artículo 'de la discordia' entre el Ministro de la presidencia y la representante Angélica Lozano.

El artículo quedó así: El Consejo de Gobierno Judicial será integrado por nueve miembros, los presidentes de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado; el gerente de la Rama Judicial, quien deberá ser profesional con experiencia en administración y será nombrado por el Consejo de Gobierno Judicial.

Un representante de los magistrados de los Tribunales y de los jueces, elegido por ellos; un representante de los empleados de la Rama Judicial elegidos por estos; tres miembros permanentes expertos en administración pública con experiencia en temas relacionados con la administración judicial.

Se reafirmó la prohibición del “yo me elijo y tú me eliges” es decir que los servidores públicos no podrán contratar, postular o nombrar a familiares o personas que hayan intervenido en su postulación para el cargo y se acaba la “puerta giratoria” entre magistrados de altas cortes y órganos de control.

La elección de magistrados de Corte Suprema y Consejo de Estado será por convocatoria pública. Para ser magistrados de Corte Suprema, Constitucional y Consejo de Estado se debe contar con mínimo 15 años de experiencia en rama judicial, cátedra universitaria o desempeño como abogado.

La nueva Comisión de Disciplina Judicial solo conocerá de procesos disciplinarios y en ningún caso de tutelas ni conflictos de jurisdicción.