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ONG asegura que poner límites aumenta las barreras de acceso para la interrupción del embarazo

La ONG Women's Link Worldwide se declaró en desacuerdo con poner límites gestacionales a la interrupción voluntaria del embarazo, al señalar que de esta manera aumentarían los obstáculos para las mujeres que quieran hacer esta solicitud.

Ariadna Tovar, directora legal de Women's Link, señaló que regular la interrupción voluntaria del embarazo en las causales despenalizadas (violación, riesgo para la vida de la madre y malformación del feto), debe estar encaminada a eliminar las barreras de acceso.

La Corte Constitucional instó al Congreso para que expida una regulación frente al tiempo límite en el cual se debe realizar la interrupción voluntaria del embarazo.

"El punto de los límites gestacionales no son el problema, el problema son los obstáculos que impone el sistema de salud que evita que las mujeres que solicitan un aborto puedan acceder a él y que por el contrario les impone que tengan tiempos de espera tales que hacen que las mujeres terminen reiterando su solicitud a los 7 meses de embarazo", señaló Tovar.

Agregó que poner límites a las causales legales para el procedimiento de interrupción del embarazo, implicaría una mayor barrera para los derechos de las mujeres.

"Si una mujer tiene riesgo para su vida derivado del embarazo, no se le puede exigir que ese riesgo aparezca en la semana 12 o en la 14, siempre debe prevalecer el derecho de la mujer a sobrevivir a un embarazo, no se podría poner ese límite porque volveríamos a la legislación anterior al 2006 cuando las mujeres morían en las calles por falta de acceso a servicio de aborto seguro", agregó la directora legal de Women's Link.

Women's Link consideró innecesario hacer una regulación por tipo de causal, razón por la que sugirió pensar en un marco integral de derechos sexuales y reproductivos, la eliminación de la violencia sexual, el acceso a anticonceptivos y la garantía del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo barreras.

Finalmente, la ONG señaló que si el Congreso acata la solicitud de la Corte Constitucional de expedir una regulación, debe hacerla a través de una ley estatutaria por tratarse de un derecho fundamental.