Por primera vez se otorgan derechos territoriales a una comunidad negra
Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras -URT- , precisó que a través de una sentencia ordenada por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado, el gobierno nacional debe hacer efectivo el proceso de restitución al Consejo Comunitario Renacer Negro, conformado por más de 762 familias que fueron desplazadas por grupos armados ilegales hace más de 12 años.
7 Jul 2015 - 09:30 am
Según la Unidad de Restitución de Tierras, estas personas fueron desplazadas en el 2003, principalmente por grupos ilegales y otras personas que realizaban actividades mineras a cielo abierto mediante el uso de maquinaria pesada.
Sabogal explicó en diálogo con RCN La Radio, que el territorio que fue beneficiado es habitado por 762 familias y está ubicado en la parte alta y media de la cuenca del río Timbiquí, que cobija a las comunidades de Mataco, San Miguel, El Charco, La Fragua, Velásquez, Cheté, Coteje, Realito, San José, Piandero y Santa María, en el departamento del Cauca.
"Es un pronunciamiento judicial de gran impacto en materia étnica. Definitivamente este tipo de decisiones abren el camino de lo que debe ser la restitución a comunidades étnicas. Son más de 71 mil hectáreas restituidas que benefician a 4.572 personas, es una decisión histórica", precisó.
Y agregó "El fallo representa un hito histórico nacional, no solo por ser el primero en el país que reconoce derechos territoriales para una comunidad afrocolombiana que habita una gran extensión, sino porque reitera que la comunidad está ligada a él de una manera espiritual, cultural y de pervivencia, precisamente por su carácter ancestral".
El proceso de restitución de este territorio tardó un poco más de dos año; la URT sostuvo que la presencia de grupos armados ilegales, especialmente desde el año 2003, generó una disputa del territorio, con alta presencia de cultivos de uso ilícito y minería informal a cielo abierto con maquinaria pesada, generando desplazamientos masivos de las personas que quedaban en medio del fuego cruzado.
"La comunidad, por medio de su conocimiento del territorio, de los hechos ocurridos, así como por medio de su apertura para contar sus aspiraciones de vida en el territorio colectivo, posibilitó la demanda y las órdenes encaminadas a tal fin, dadas por el juzgado", puntualizó.