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Procurador calificó de "grave" censura a quienes no entreguen videos a autoridades

El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, le envió una carta al presidente Juan Manuel Santos en la cual le pide explicaciones sobre la presunta vulneración de los derechos a la libertad de expresión y al de informar y ser informados que tienen los colombianos cuando se anuncia investigaciones y judicializaciones a quienes graben actos terroristas y no lo entreguen a las autoridades.

Para el procurador Ordóñez este tipo de anuncios vulnera la libertad de expresión de las víctimas del conflicto y de quienes deben sufrir las acciones violentas en las ciudades del país

"Es inadmisible que quienes sufren el terrorismo ahora sean intimidados por Estado y acusados de estar inmersos en conductas delictivas y ser amenazados con penas de prisión, si divulgan esos audios o videos", señala el Procurador en el documento.

De igual forma, Ordóñez advierte que esta acción por parte del Estado es una censura y desconoce las obligaciones que tiene de respetar y garantizar los derechos humanos.

"El transeúnte que graba en su teléfono celular un video de una situación como la ocurrida en la calle 72 de Bogotá, la semana pasada, no es un criminal, no viola el código penal y no puede ser castigado con cárcel porque lo divulgue en Twitter, en Facebook o en otras redes sociales y no lo entregue a las autoridades", señala el Procurador General.

En la misiva enviada al Presidente de la República, Ordóñez advierte que estas conductas anunciadas contra la población son solo posibles en las dictaduras y no en un Estado de Derecho y de régimen democrático.

"La Procuraduría solicita al Gobierno que se corrija inmediatamente y aclare a los ciudadanos que ejercer la libertad de expresión no es un delito, ni merece ser castigado con pena de prisión, menos una extravagante investigación penal por obstrucción a la justicia", consignó Ordóñez.