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Sentencia ordena restituir tierras ancestrales a 700 familias en Cauca

A través de una sentencia ordenada por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado, el Gobierno Nacional debe hacer efectivo el proceso de restitución de tierras al Consejo Comunitario Renacer Negro, conformado por más de 762 familias que fueron desplazadas por grupos armados ilegales hace más de 12 años.

Se trata de una decisión tomada a raíz de una demanda interpuesta por el Consejo Comunitario Renacer Negro, a través del cual un total de 4572 personas reclamaron la afectación por haber perdido su territorio como consecuencia no solo del conflicto armado sino además por la extracción ilegal de oro.

Las comunidades argumentaron que se vieron vulnerados sus derechos al territorio y a la protección de su cultura y tradiciones por la presencia de actores armados ilegales y grupos dedicados a la explotación ilegal de sus tierras para buscar oro, generando impactos ambientales graves.

La decisión, que según se indicó, no tiene antecedentes en el país, obliga a las entidades estatales correspondientes para que sean restablecidos los derechos al territorio y al desarrollo de sus costumbres con los mecanismos necesarios de protección, para tal fin.

Ricardo Sabogal Director de la Unidad, explicó que el territorio que fue beneficiado es habitado por 762 familias y está ubicado en la parte alta y media de la cuenca del río Timbiquí, que cobija a las comunidades de Mataco, San Miguel, El Charco, La Fragua, Velásquez, Cheté, Coteje, Realito, San José, Piandero y Santa María, en el departamento del Cauca.

Es un pronunciamiento judicial de gran impacto en materia étnica. Definitivamente este tipo de decisiones abren el camino de lo que debe ser la restitución a comunidades étnicas. Son más de 71 mil hectáreas restituidas que benefician a 4.572 personas, es una decisión histórica”, precisó.

Y agregó “El fallo, representa un hito histórico nacional, no solo por ser el primero en el país que reconoce derechos territoriales para una comunidad afrocolombiana que habita una gran extensión, sino porque reitera que la comunidad está ligada a él de una manera espiritual, cultural y de pervivencia, precisamente por su carácter ancestral”.

En contexto la URT sostuvo que la presencia de grupos armados ilegales, especialmente desde el año 2003, generó una disputa del territorio, con alta presencia de cultivos de uso ilícito y minería informal a cielo abierto con maquinaria pesada, generando desplazamientos masivos de las personas que quedaban en medio del fuego cruzado.

La comunidad, por medio de su conocimiento del territorio, de los hechos ocurridos, así como por medio de su apertura para contar sus aspiraciones de vida en el territorio colectivo, posibilitó la demanda y las órdenes encaminadas a tal fin, dadas por el juzgado”.