ONG británica dice que en Colombia siguen las interceptaciones ilegales
31 Ago 2015 - 04:11 pm
Foto archivo referencial
La organización británica Privacy International ha publicado un reporte sobre los sistemas masivos de interceptación de la policía colombiana.
En su versión en español, que se encuentra en la página www.privacyinternational.org, dice que después de acabado el DAS, la Fiscalía y la DIJIN despegaban dos sistemas de recolección de datos, el sistema Esperanza y Puma, respectivamente, que fueron socializadas con los ciudadanos.
Pero en 2005, continúa el informe, la Dirección de Inteligencia de la Policía, DIPOL, “adquirió y desplegó su propio sistema de vigilancia masiva y automatizada de las comunicaciones, el Sistema Integral de Grabación Digital (SIGD). Establecido 2005, el SIGD monitorea el tráfico masivo de comunicaciones por líneas E1 y el tráfico de telefonía móvil 3G”.
El problema con esto, dice la organización con sede en el Reino Unido, es que “este tipo de vigilancia masiva y automatizada no está autorizada de forma expresa por la legislación colombiana. Si bien la Fiscalía podría autorizar la interceptación de las comunicaciones con el fin de buscar elementos probatorios para entablar acciones judiciales, como establecen la Constitución y el Código de Procedimiento Penal, el ejercicio de tal facultad no concuerda con el tipo de monitoreo y análisis en masa y pasivo de Internet y telefónico que PUMA y el SIGD hacen posible”, es decir, el sistema SIGD no ha sido divulgado a la ciudadanía, y por lo tanto, opera en las sombras.
Mathew Rice, portavoz de Privacy International, dijo a RCN La Radio que no se sabe cuántos ciudadanos están siendo vigilados a la sombra, ni cómo selecciona la DIPOL a quién vigilar.
“Parte del problema es que no sabemos si lo que están haciendo es legal o no lo es, si necesitan autorizaciones judiciales para interceptar su teléfono, su Twitter o su Facebook” dijo Rice.
La recomendación de la organización es que es necesario desclasificar y publicar todos los documentos de contratación de tecnologías para las que la información sea pública.