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Partidos pequeños le ponen condiciones al Gobierno para apoyar la reforma electoral

Los movimientos políticos pequeños afirmaron que la reforma electoral que se presentará al Congreso en los próximos días los perjudicará a tal punto de que podrían desaparecer.



Los movimientos políticos pequeños afirmaron que la reforma electoral que se presentará al Congreso en los próximos días los perjudicará a tal punto de que podrían desaparecer.

Es por esto que le enviaron una carta al presidente Juan Manuel Santos poniéndole una serie de condiciones para respaldar esta iniciativa que se tramitará por fast track en cumplimiento de los acuerdos de paz.

Entre otras cosas, piden respeto por sus derechos e igualdad de condiciones con respecto a los beneficios que recibirá el nuevo movimiento político de las Farc.

La senadora Claudia López dijo que “quienes estamos en la vida política, sea como partidos minoritarios, alternativos o movimientos ciudadanos, debemos tener la garantía de competir y queremos que la principal garantía en ese periodo de transición, es tener un umbral del 2% y que no haya normas más drásticas”.

Otra de las peticiones hechas por los partidos pequeños es que no se imponga la lista cerrada como obligación para las elecciones del Congreso.

El senador Jorge Robledo afirmó que “ahora nos salen con la baratija política de que si cierran la lista se van a resolver los problemas de la corrupción y yo hago una pregunta muy simple: ¿será que si hubiera habido listas cerradas para las elecciones del 2010 y 2014, habría dejado de entrar plata corrupta de Odebrecht a las candidaturas presidenciales?”.

Piden garantizar la personería jurídica de los partidos pequeños que no pasen el umbral, condiciones de igualdad sobre la financiación estatal de los gastos de funcionamiento de las colectividades, además de la implementación del voto electrónico e identificación biométrica.

También solicitan que haya plenas garantías para el derecho a elegir y ser elegido, lo que se traduce en la necesidad de quitarle la facultad a la Procuraduría y Contraloría de destituir o sancionar a los alcaldes, gobernadores y otros funcionarios elegidos popularmente.