Polémica en torno a la fecha de terminación del fast track

La implementación de los acuerdos de paz avanza a paso de tortuga en el Congreso de la República en principio por la demora del Gobierno en radicar los proyectos, después por el precario quórum, también por la influencia de la campaña electoral, además de la falta de voluntad de algunos sectores políticos.

Estos factores han generado demoras en la aprobación de las leyes de paz, lo cual es preocupante teniendo en cuenta que ya está a punto de vencerse el procedimiento legislativo especial conocido como fast track, cuya fecha de caducidad ha enfrentado posiciones y ha desatado polémica.

Aunque este mecanismo, que tenía duración máxima de un año, empezó el pasado 30 de noviembre del 2016, para el Gobierno el fast track terminará el 30 de diciembre del 2017 debido al receso legislativo de un mes que a mitad de año se tomaron los congresistas.

Así quedó estipulado en la solicitud enviada por el ministro del Interior, Guillermo Rivera, al Congreso el pasado 26 de mayo: “El término de seis meses adicional se computará dentro de los períodos de sesiones del Congreso de la República, sin incluir el periodo de receso. Sin embargo, el presidente de la República conserva la facultad de convocar a sesiones extraordinarias al Congreso de conformidad con el artículo 138 de la Constitución, evento en el cual se reactivaría el cómputo del término”.

Sin embargo, hay quienes aseguran que los periodos constitucionales son fijos y no pueden modificarse.

Adicionalmente a esta polémica hay otra relacionada con la radicación y trámite de los proyectos de ley de la implementación del acuerdo, los cuales no alcanzarán a ser aprobados antes de diciembre de este año.

Para el Gobierno aquellas normas ya radicadas por fast track podrán seguir siendo tramitadas a través de esa figura aún después del 30 de diciembre, pero algunos congresistas y funcionarios del Congreso aseguran que eso es totalmente antijurídico y que las iniciativas que no alcancen a aprobarse se hundirán y tendrán que volverse a presentar por el mecanismo ordinario que establece cuatro debates para las leyes ordinarias y estatutarias y ocho debates para las reformas o actos legislativos.

La polémica está abierta y la decisión que tome el Congreso en conjunto con el Gobierno será objeto de estudio por parte de la Corte Constitucional.