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Por primera vez el Consejo de Estado condena a funcionario fallecido a pagar indemnización



El Consejo de Estado emitió por primera vez una condena en contra de un exfuncionario público, que ya falleció, a pagar una indemnización millonaria por los perjuicios causados durante sus funciones.

Según el fallo del Consejo de Estado, el caso particular tiene que ver con el excontralor General de la República, Rodolfo González García, quien por cuenta de sus acciones administrativas, cuando dirigía la entidad en 1987, ocasionó una condena en contra de la Nación y la entidad que estaba dirigiendo.

El presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas, explicó que esta es la primera vez que se toman ese tipo de decisiones, advirtiendo que serán los sucesores procesales quienes deberán cancelar la suma ordenada en el fallo, que es de 800 millones de pesos.

"Este es un caso que ocurrió hace 25 años, entonces que tengan en cuenta los funcionarios públicos que la ley puede seguir desarrollando la persecución de sus bienes en caso de que se encuentren responsables en acciones de repetición, que no es otra cosa que una responsabilidad por haber hecho mal lo que les correspondía hacer durante su gestión", afirmó el presidente del alto tribunal.

El caso particular está relacionado concretamente con la condena impuesta a la entidad por la destitución de una funcionaria que laboraba en la ciudad de Miami y a quien se le pidió su renuncia poco antes de cumplir dos años de labores, periodo que la hacía acreedora de beneficios económicos.

De igual forma, el fallo advierte que las investigaciones dieron cuenta que la renuncia se dio pero solo después de cumplir los dos años y el Contralor procedió a declarar su insubsistencia y retirarla del cargo, nombrando en su remplazo a una persona que no cumplía los requisitos para este fin.

"Conducta a todas luces censurable que deberá sancionarse, pues deja al descubierto la presión indebida ejercida sobre la exservidora para obtener su renuncia inmediata y, como no fue así, proceder a desvincularla en represalia. Conducta dolosa del funcionario que no admite duda", señala el fallo.

Por este hecho, el Consejo de Estado advirtió que habrá un plazo máximo de 2 años para que los familiares (herederos) ponga a disposición los bienes que dejó el exfuncionario y se realice el pago de indemnización a la víctima relacionada en la demanda.