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Primeras capturas e imputaciones por el escándalo de los Panama Papers

La Fiscalía General de la Nación anunció que revelará las primeras decisiones y órdenes de Policía Judicial relacionadas con los presuntos implicados en el escándalo de los 'Papeles de Panamá'.

Foto www.panamapapers.icij.org


La Fiscalía General de la Nación anunció las primeras capturas e imputaciones relacionadas con los presuntos implicados en el escándalo de los 'Papeles de Panamá'. (Le puede interesar: Detectan primer caso de lavado de activos de empresa colombiana en Panama Papers)


Los capturados son el ecuatoriano Juan Esteban Arellano Rumazo, representante legal de la firma Mossack Fonseca & Co; Luz Mary Guerrero Hernández, accionista y representante legal de las empresas Efectivo Ltda y Circulante S.A; Jorge Humberto Sánchez Amado, revisor fiscal de Efectivo Lyda y Circulante S.A y Sara Guavita Moreno, representante legal suplente de Servientrega S.A. (Lea aquí: Por Panama Papers capturan a representante legal de Efecty)


Este grupo de capturados tendrá que responder en imputación de cargos por los delitos de falsedad ideológica en documento privado, enriquecimiento ilícito de particulares, lavado de activos, concierto para delinquir, estafa, administración desleal, entre otros.


Por estos hechos también fue citado a responder en interrogatorio el abogado tributarista Giovanni Mauricio Vargas Uribe. 


De igual forma la Fiscalía ordenó citar a imputación de cargos por hechos relacionados con el elaborado esquema financiero y societario ofrecido por la firma Mossack Fonseca en Colombia a quienes se desempeñaban para la época de los hechos como representantes legales, revisores fiscales y contadores de varias empresas.


Los demás imputados por este escándalo son Pedro Julio Zambrano Pinzón, entonces representante legal de la sociedad Inversiones Zambrano Pinzón Asociados S.A.S, Juan Víctor Rozó Moreno, contador de la misma sociedad y la revisora fiscal Ángela Rocío Rincón Marroquín.


Asimismo Claudia Patricia Aristizabal Botero, Luis Alejandro Orrego Pela?ez y Jose? Leo?n Gutie?rrez Carmona, quienes se desempen?aban como representante legal, contador y revisor fiscal de la sociedad Artextil S.A.


Elaine Abuchaibe Auad, Beder Bernardo Pinto Meji?a y Mari?a Fernanda Fadul Pineda, quienes se desempen?aban como representante legal, contador y revisor fiscal de la sociedad El Heraldo S.A, respectivamente.


Maria Lucelly Orti?z Herrera, Claudia Elena Mira A?lvarez y Diego Alexander Serna Rami?rez, representante legal, contadora y revisor fiscal de la sociedad Rymel Ingenieri?a Ele?ctrica S.A.S.


Maritza Andrea Ma?rquez Beltra?n, Ernesto Fidel Varila Rojas y Carmen Benjumea Ca?rdenas, representante legal, contador y revisora fiscal de la sociedad Medicina Nuclear Diagnostica S.A.S; en el caso de estas personas se les imputara? igualmente el delito de fraude procesal.


La Fiscalía advirtió que tiene en la mira otros siete casos, en los cuales avanzan las investigaciones con el objetivo de esclarecer los hechos y proporcionar prontos resultados.


El escándalo de Panama Papers salió a la luz pública el 3 de abril de 2016 luego de que el diario alemán Sueddeutsche Zietung filtrara más de 10 millones de archivos de la empresa Mossack Fonseca, un bufete de abogados de Panamá, en los que se evidenciaba cómo políticos y reconocidos personajes de la vida pública en más de 60 países crearon empresas offshore para esconder sus bienes millonarios.


Con esta filtración, considerada más grande que el caso Wikileaks, se dieron a conocer decenas de casos de lavado de dinero usando este tipo de empresas.


La Fiscalía estableció que la oficina en Colombia de Mossack Fonseca ofrecio? dentro de sus servicios entre los an?os 2010 y 2016 un elaborado entramado financiero y societario, el cual teni?a por objeto vender facturas falsas a empresas colombianas por parte de sociedades en el exterior.


Los investigadores comprobaron que las sociedades extranjeras eran fachadas controladas por Mossack Fonseca, con las cuales las empresas colombianas firmaron contratos por servicios ficticios que nunca se prestaron.


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