Principal socio de Fidupetrol fue cobijado con detención domiciliaria por tráfico de influencias
29 Ago 2015 - 03:03 am
Helbert Otero Pacheco / Foto: RCN Radio
El juez 50 con función de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía de dictar medida de aseguramiento a Helbert Eduardo Otero Pacheco, principal socio de Fidupetrol, por tráfico de influencias en la Corte Constitucional.
La juez decidió concederle el beneficio de la detención domiciliaria ya que la defensa de Otero logró demostrar que de él dependen 3 menores de edad, su esposa, su sobrino, una hermana enferma y su madre.
Jeison Alexander Andrade, defensor de Otero, aseguró que el principal socio de Fidupetrol ha mostrado siempre voluntad de "colaborar con la justicia", incluso señaló que él mismo le ha entregado a la Fiscalía General de la Nación "todos los documentos requeridos para adelantar la investigación".
El ente acusador señaló a Otero de ser responsable del delito de tráfico de influencias de particular, conducta de la que el principal socio de Fidupetrol se declaró inocente.
El fiscal Fabían Ordóñez, señaló a Otero de ser el determinador del pago de más de 150 millones de pesos al abogado Víctor Pacheco, para que aprovechando sus influencias, amistad y cercanía a algunos magistrados de la Corte Constitucional, entre quienes se cuentan Jorge Pretelt, lograra un fallo determinado sobre la tutela que cursaba en la corporación y que refería un pago de 22 mil 500 millones de pesos de la empresa Fidupetrol.
"Otero actuó de manera dolosa porque sabía que usaría a Víctor Pacheco para que traficara influencias con los magistrados que él conocía para que influyeran en la tutela presentada por Fidupetrol. A cambio autorizó el desembolso de152 millones 451 mil pesos y quiso hacerlo", señaló el Fiscal del caso.
El representante del ente acusador aseguró que con su actuar, Otero "lesionó el bien jurídico de la administración pública sin tener una justa causa para ello".
Por el delito, Otero podría enfrentar entre cuatro y ocho años de prisión y el pago de máximo 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La Fiscalía apeló la decisión del juez.