Radican tutela para suspender procesos ante ausencia de doble instancia en la Corte Suprema

La defensa de la exsenadora Piedad Zuccardi radicó una acción de tutela en el Consejo de Estado con el objetivo de que se den garantías de conocer la denominada doble instancia que fue ordenada por la Corte Constitucional para los aforados en el país.

De acuerdo con el documento, pese a que el Congreso de la República fue exhortado para tramitar una ley que garantice la doble instancia e impugnación para los aforados, aún no se ha hecho y por lo tanto quienes están siendo investigados por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tienen el derecho de conocer su juzgador natural, que en este caso, debería ser otro tribunal, de expedirse una sentencia condenatoria.

Según la defensa de Zuccardi, "la presente Acción de Tutela la utilizamos como 'Mecanismo Transitorio para Evitar un Perjuicio Irremediable', por cuanto de proseguir el juicio en contra de la exsenadora Zuccardi de García, terminaría probablemente con un fallo condenatorio, contra el cual la procesada y su defensa técnica no tendrían garantizado efectivamente el Derecho Fundamental a impugnar la sentencia condenatoria".

Para el abogado Ulises Durán Porto, defensa de la excongresista, la omisión legislativa que se ha presentado desde hace más de dos años para que se legisle sobre la garantía de la doble instancia y el derecho a impugnar afecta la continuidad del proceso que actualmente está adelantando la Corte Suprema de Justicia y se estaría desconociendo lo establecido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

"Estas normas legales y constitucionales, como lo indican sus textos, incorporan y desarrollan la obligación internacional del Estado Colombiano en materia de Derechos Humanos, como es el objeto de esta Tutela que estamos presentando, y por este motivo es razonable que este Consejo de Estado ampare los Derechos Violados y el perjuicio irremediable de la Tutelante", señala el documento.

En el Congreso de la República fue radicado un proyecto de Ley en cabeza del presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para darle trámite y así garantizar la doble instancia e impugnación para aforados.

En ese proyecto establece en esencia las facultades para que el Tribunal Superior de Bogotá asuma los juicios contra los aforados y se establezca la primera instancia y posteriormente pasen estos procesos a la Corte Suprema.