Rajan a Judicatura en descongestión judicial y manejo de más de $2.3 billones de su presupuesto

La Contraloría General de la República rajó al Consejo Superior de la Judicatura en materia de descongestión judicial, gestión de los recursos a su cargo y recobros y pagos de la nómina, tras efectuar una auditoría sobre estos temas.

Según el organismo, "a pesar de que el Consejo Superior de la Judicatura invirtió recursos por $2.3 billones para descongestión Judicial, para el periodo 2010-2015, las metas establecidas para este fin no se cumplieron".

La Contraloría sostuvo que estos $2.3 billones constituyen el 17.10% del presupuesto ejecutado por la Rama Judicial en el periodo citado.

"En los despachos donde fueron ejecutados recursos para descongestión judicial, se observó que estos no cumplieron con las metas fijadas en materia de desacumulación de expedientes", se indica en la auditoría.

El organismo sostuvo que la gestión fiscal adelantada por el Consejo Superior de la Judicatura, como ejecutor de los recursos asignados a la Rama Judicial, no pasó el examen que realizó la Contraloría General de la República al auditar la vigencia 2015.

De igual forma, señala la Contraloría, se conceptuó como desfavorable la gestión de la entidad y emitió opinión con salvedades de los estados contables, por lo que no feneció la cuenta fiscal del Consejo Superior de la Judicatura para la vigencia fiscal 2015.

"En desarrollo de esta auditoría, se establecieron 7 hallazgos con presunta connotación fiscal por $1.716 millones y 2 para indagaciones preliminares por $1.340 millones, estas últimas por concepto de dobles pagos de nómina y recobro incapacidades", se revela en el informe.

Tras estas evidencias la Contraloría anunció que se iniciarán procesos de responsabilidad fiscal por $1.716 millones, "correspondientes a prescripción de acciones de cobro, sumas liquidadas y pagadas en exceso por conceptos de nómina y pago de intereses por pagos laborales extemporáneos en las Direcciones Seccionales de Administración Judicial de Medellín, Cali y Barranquilla, estas últimas derivadas de las conclusiones obtenidas por la Unidad de Auditoría de la entidad".

Deficiente manejo presupuestal

Para la Contraloría, la gestión del Consejo Superior de la Judicatura ha sido desfavorable, pues persiste su incapacidad para ejecutar oportunamente los recursos de inversión entregados a la Rama Judicial, lo que se refleja en recortes de apropiación y constitución de reservas presupuestales.

En el presupuesto de 2015 se aprobaron para esta entidad recursos de inversión por $342.015 millones.

Sin embargo, ese monto se redujo $92.122 millones (27%), con lo cual la apropiación definitiva pasó a ser de $249.893 millones.

El informe señala ademá que por falta de oportunidad en la aprobación de los planes de inversión y de gestión de las Unidades Ejecutoras de la Judicatura a cargo de los proyectos, resultaron $55.625 millones en reserva presupuestal (con lo cual se excedieron los límites establecidos en la norma presupuestal).

Así mismo, para la vigencia 2015 produjo “pérdida de apropiación presupuestal” en los recursos de inversión del 16%, que en valores absolutos es representativo pues asciende a $40.331 millones, dado que la apropiación presupuestal fue de $249.892.9 millones y los compromisos ascendieron a $209.561.6 millones.

De igual forma el recaudo de multas para la vigencia 2015 fue de $5.616 millones, que comparado con la cartera depurada por prescripción de $5.5 billones solamente equivale al 0.1%, lo que deja clara evidencia de deficiencias en la gestión de jurisdicción coactiva de la entidad.

Contratos terminados sin liquidar

En la auditoría se estableció que 66 contratos por $178.121.6 millones, fueron suscritos durante las vigencias 2011, 2012, 2013 y 2014, actualmente se encuentran terminados y a la fecha no han sido liquidados, por debilidades en los mecanismos de control del proceso de liquidación.

Según el organismo, "esta situación que no permite dar certeza de cuándo terminan las relaciones jurídicas entre la Entidad y el Contratista, así como tener de manera clara cuales fueron las prestaciones que ambas partes ejecutaron, lo que dificulta hacer seguimiento sobre el cumplimiento de las obligaciones y plazos establecidos".