Revive el debate en el país por propuesta del Fiscal General para reanudar la aspersión aérea de cultivos ilícitos

El debate volvió a encenderse después de la propuesta que lanzó el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, al ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, para convocar a una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Estupefacientes con el fin de evaluar la posibilidad de reanudar las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos.

Esta petición la realizó Martínez a través de una carta de siete páginas donde argumenta el por qué la necesidad de que la fumigación aérea vuelva a ser aplicada por parte de las autoridades colombianas.

Dentro de los aspectos que fundamenta el fiscal Martínez es que el informe más reciente de las Naciones Unidas advierte que los cultivos de coca se incrementaron en un 39 por ciento en el 2015, hasta alcanzar una extensión de 96.084 hectáreas.

El fiscal general plantea que “la dinámica reciente de los cultivos ilícitos constituye una amenaza efectiva para la paz en el territorio”.

Según Martínez se han duplicado los cultivos ilícitos y existen informes que dan cuenta que, a la fecha, las hectáreas de coca sembrada podrían superar con creces las cien mil hectáreas.

“Evaluar la política vigente de erradicación de cultivos ilícitos, examinar la marcha de los acuerdos con las comunidades y considerar explícitamente la conveniencia de reanudar la aspersión aérea”, dice en su petición el fiscal general.

De igual forma, Martínez indicó que llama la atención que esta tendencia de incremento en los cultivos ilícitos se está afianzando en las principales zonas de consolidación como son: Norte de Santander y en los departamentos del sur del país (Cauca, Caquetá, Nariño y Putumayo).

Entre tanto, la Procuraduría y el Gobierno sentaron posiciones distintas, en favor y en contra, sobre la propuesta del fiscal Martínez de reanudar las fumigaciones aéreas contra los cultivos ilícitos.

El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, en entrevista exclusiva a RCN Radio dijo que está totalmente de acuerdo con el fiscal, Néstor Humberto Martínez, de reactivar la fumigación aérea a los cultivos ilícitos.

Estas declaraciones se produjeron a raíz de la petición que le hizo el fiscal general al ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, de convocar una reunión extraordinaria en el Consejo Nacional de Estupefacientes para definir la eventual reactivación de la fumigación aérea de los cultivos ilícitos.

“En mayo del año anterior solicité ante el Consejo Nacional de Estupefacientes no suspender la fumigación porque iríamos a nadar en coca. Un año después el tiempo me da la razón”, dijo el procurador.

Agregó que “inicialmente teníamos 40 mil hectáreas de coca, hoy tenemos 170 mil hectáreas de cultivos ilícitos”.

Asimismo sostuvo que el Gobierno ha aplicado una estrategia que ha sido insuficiente y que esto, de inmediato, origina otro interrogante de los acuerdos en Cuba con las Farc.

“Se cambia la denominación de cultivos ilícitos por 'cultivos de uso ilícito', y esto reduce la estrategia contra dichos cultivos a la erradicación voluntaria y al co-gobierno de las Farc, en esos lugares en donde se erradique voluntariamente. El señor fiscal tiene la razón”, puntualizó Ordóñez.

Además, el procurador afirmó que fue un error del Estado desmontar la política de lucha contra la droga, pues esto reduce la capacidad para contrarrestar el narcotráfico.

Por otra parte, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Jaramillo, se declaró en desacuerdo con la posibilidad de reanudar la aspersión aérea con glifosato de los cultivos ilícitos en el país.

Según el funcionario, la fumigación aérea con glifosato no es solución para la erradicación de cultivos ilícitos en el país, no solo por las afectaciones a la salud humana, sino por su impacto negativo en los ecosistemas.

"Es importante abrir nuevamente el debate sobre las estrategias para la erradicación de los cultivos ilícitos, sin embargo, no estamos de acuerdo con volver al pasado. Hemos sido enfáticos y lo más técnicos posible sobre las consecuencias de la fumigación aérea. Estamos de acuerdo en que su uso controlado es posible, pero acompañado de erradicación manual”, dijo Jaramillo.

El jefe de la cartera ambiental reiteró la necesidad de innovar en las técnicas de erradicación de cultivos en donde las comunidades locales lideren procesos sostenibles y desarrollo alternativo a la práctica.

"No es capricho el que se haya prohibido la aspersión aérea. Hay informes muy técnicos de organismos de la Organización Mundial de la Salud que establecen que tiene impactos muy negativos sobre la salud humana en la manera en que se aplica", agregó Jaramillo.

Finalmente Murillo sostuvo que se encargará de que la cartera ambiental haga parte del Consejo Nacional de Estupefacientes.

Asimismo, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, también entró en la polémica por el pedido del fiscal General, Néstor Humberto Martínez, de reactivar las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos.

Según el ministro, “todas las razones para la prohibición de las aspersiones aéreas con glifosato se mantienen vigentes”.

Gaviria recordó que las aspersiones aéreas con glifosato para la erradicación de los cultivos de coca fueron suspendidas en octubre de 2015, como resultado de la evaluación de un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que calificó el glifosato como “probablemente cancerígeno para los humanos”.

El ministro hizo hincapié en que es necesario cumplir un fallo de la Corte Constitucional en el sentido de que se aplicara el principio de precaución en caso de que no se encontrara una conclusión definitiva sobre la inexistencia de riesgos derivados del uso de este herbicida.

Según Gaviria, el glifosato fue clasificado como “probablemente cancerígeno para los humanos”, tras una reunión de expertos de la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC) –que hace parte de la OMS–, cuyos resultados fueron publicados el 20 de marzo de 2015 en la revista científica The Lancet Oncology.

A juicio del Ministerio, los riesgos se ven significativamente reducidos en la fumigación de cultivos lícitos, pues estos utilizan el herbicida en menor concentración y la aspersión es más controlada (se asperja desde una altura más baja).

"Adicionalmente en las aspersiones sobre cultivos ilícitos la población no tiene la posibilidad de expresar su voluntad de exponerse o no al riesgo, a diferencia de lo que ocurre en las aspersiones sobre cultivos lícitos", apuntó el alto funcionario.

Esta solicitud es polémica teniendo en cuenta lo pactado en el acuerdo final logrado entre las Farc y el Gobierno en La Habana, Cuba, donde se establece que el Estado “procederá a la erradicación de los cultivos de uso ilícito, priorizando la erradicación manual donde sea posible”, aunque no cierra la puerta de una eventual fumigación en caso de que sea necesaria.