'Rosario de perlas' en la CAR para controlar minería ilegal

RCN Radio tuvo acceso a una auditoría de la Contraloría en la que se evidencian fallas e inconsistencias en el control que deben ejercer las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) a la minería ilegal en el país, en los últimos dos años.

Se trata de una radiografía en la que estos organismos quedan mal parados en los controles a esta actividad ilegal, en 7 departamentos del país: Antioquia, Bolívar, Boyacá, Chocó, Cundinamarca, Nariño y Valle del Cauca.

Las corporaciones que estuvieron en la mira de la Contraloría fueron CSB, Corpoboyacá, Corpochivor, CAR, Corpoguavio y Corponariño, entre otras.

Una de las inconsistencias tiene que ver con que las dragas y los químicos decomisados, los están dejando en custodia de los mineros ilegales, "lo que evidencia permisividad de la Corporación e incumplimiento de sus funciones de vigilancia y control".

De igual forma, la auditoría evidencia que este tipo de falencias dejan impactos, daños y pasivos ambientales, para las fuentes hídricas, el bosque y la salud humana.

"Se evidenció también falta de acompañamiento y soporte técnico de parte de las corporaciones con jurisdicción en el departamento de Antioquia y en el departamento del Chocó en los operativos contra la minería ilícita que realiza el Ejército y la Policía Nacional, siendo un factor importante y necesario para identificar, medir y actuar contra el alto impacto ambiental que causa la actividad minera ilegal".

En este punto, se observó que la Policía y el Ejército Nacional informan un número elevado de operativos a los cuales las corporaciones no asisten.

Según el organismo de control, en las visitas técnicas realizadas a los ríos Sambingo en el municipio de Mercaderes- Cauca; Atrato en el municipio de Rio Quito en el Chocó y Dagua en el Valle del Cauca, "se evidenció un gran impacto ambiental generado por la explotación ilícita de oro desarrollada con máquinas retroexcavadoras".

La explotación ilícita de minerales afecta el cauce del río y de los drenajes naturales, a su vez, genera notable aporte de sedimentos; sin embargo, hay deficiencias en la imposición de medidas preventivas y sancionatorias por parte de las Corporaciones.

Los Farallones

Así mismo, se visitaron varios Parques Nacionales Naturales, encontrado que el Parque Nacional Natural Farallones de Cali es uno de los más afectados por la minería ilegal.

"En una visita a Corporchivor se pudo identificar dentro del área del Distrito Regional de Manejo Integrado del Páramo de Rabanal que también hay presencia de minería ilegal", señala el informe de la Contraloría.

Otro aspecto a resaltar de los hallazgos de la auditoría, es que las Corporaciones Autónomas Regionales otorgan licencias ambientales para actividades de minería dentro de zonas de reserva forestal, sin haber solicitado la previa sustracción del área como lo establece la ley.

Y además, dentro del ejercicio auditor se encontró que algunas corporaciones "no tramitan de manera oportuna las solicitudes relacionadas con el otorgamiento o no de los instrumentos ambientales que le aplican a las explotaciones mineras; por esta razón tienen solicitudes radicadas muchos años atrás sin respuesta de otorgar o negar la solicitud".

Es el caso de la CAR que tiene 141 solicitudes en trámite donde la más antigua es del año 1995 para la que realizó la visita de evaluación en el año 2010 (quince años después); la CSB tiene en trámite 52 solicitudes, siendo la más antigua del año 2004 y Corpoboyacá con 51 trámites pendientes, siendo la más antigua del año 2006.

Este hecho genera riesgo de que los solicitantes inicien actividades sin instrumento ambiental es decir exploten manera ilícita.

De otra parte, señala el organismo de control que "las regalías son una contraprestación económica que se paga al Estado por la explotación de recursos naturales no renovables, y de acuerdo a lo establecido por la Asociación Colombiana de Minería (ACM) solo cerca del 15% de las actividades del sector minero de oro son legales o formales".

Indica la Asociación que si todas las explotaciones mineras se formalizaran la Nación recibiría anualmente más de 2.000 millones de dólares, es decir, el sector sería uno de los grandes generadores de divisas, pero como el 85% de la minería es ilegal esos recursos no ingresan al Estado.

El caso más representativo está en el departamento de Antioquia, donde el 80% del oro que se produce viene de empresas que no son legales.

Hallazgos

Para el año 2017, se encontraron 36 hallazgos administrativos, 30 con presunto alcance disciplinario y uno con presunto alcance penal.

En todos los casos se realizaron los trasladados a la Procuraduría General y Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia. Los recursos en juego, en estas relaciones superan los $330 millones.

Ante este panorama, la Contraloría señaló que, la atención del problema de la explotación ilícita de minerales requiere de la formulación, adopción y desarrollo de una política pública estable, que parta del reconocimiento y definición este problema complejo, "que adopte metas concretas e identifique el mejor instrumento que permita actuar sobre un territorio local, buscando reconstruir la gobernanza, la sostenibilidad local así como garantizar la calidad de vida de los pobladores".