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Se ahonda la pugna entre el Superindustria y empresas de vigilancia privada



Sigue la pelea entre el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, con el sector de la seguridad privada, por un proyecto que busca su reglamentación y que en palabras del 'super' Robledo, beneficia a los implicados en el cartel de la seguridad privada.

Ahora, Jorge Arturo Moreno Ojeda, a quien el jefe de este organismo aludió como uno de los beneficiarios del mico en la iniciativa, afirmó que no tiene nada que ver con el asunto.

En una comunicación oficial, Moreno Ojeda señala que, "con gran asombro recibo las declaraciones del Doctor Robledo del Castillo, pues no es menos que absurdo afirmar que una Iniciativa Legislativa beneficie a una persona natural, cuando en el país hay 750 empresas de vigilancia y seguridad privada registradas y vigiladas por el organismo competente, esto es la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que le aportan al país 250.000 empleos directos".

Dijo que es lamentable "que se utilice mi nombre desconociendo y afectando principios Constitucionales y Legales como la presunción de inocencia, el derecho a la honra y el buen nombre, exponiéndome ante la opinión pública con toda clase de calificativos y adjetivos, sin tener en mi contra una sentencia judicial ejecutoriada y con menos investigaciones que muchos funcionarios públicos. Lo anterior para enlodar a un sector que según lo han señalado las diferentes agremiaciones, ha reclamado un Estatuto que lo regule en los últimos 10 años".

Aunque Moreno reiteró que no oficia como propietario, ni es dueño o Representante Legal "de ninguna empresa de vigilancia o seguridad privada", sí acepta que tiene "una empresa familiar con más de 30 años de tradición como bien lo demostraré ante las Autoridades y en los escenarios competentes".

La iniciativa contiene algunos artículos que violarían la libre competencia y golpearían la inversión extranjera, y por lo tanto varios ministros del Gobierno Santos y el mismo Superintendente Robledo han pedido su reforma o su retiro del legislativo.