Nueva orden judicial mantiene preso a Ramón Isaza

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que el exjefe paramilitar Ramón Isaza no podrá salir de prisión debido a que existe una nueva orden judicial.

Pese a que un Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá otorgó la libertad condicional al exjefe de las autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, se conoció que existe una orden de captura en su contra que emitió un fiscal especializado de Medellín, Antioquia, por lo que por ahora Isaza no podrá salir de la cárcel.

Esta nueva orden de detención es con el fin de que Ramón Isaza responda en indagatoria por los homicidios de Pedro Antonio Orozco Castañeda y Arnulfo de Jesús Gómez Orozco, ocurridos en Sonsón (Antioquia) el 5 de septiembre de 2002.

Por dicho requerimiento, alias 'El Viejo' deberá continuar detenido en el pabellón especial de Justicia y Paz de la Penitenciaria de La Picota, en el sur de Bogotá.

Sin embargo, los investigadores explicaron que teniendo en cuenta qué esos homicidios Ramón Isaza los aceptó por línea de mando bajo la Ley de Justicia y Paz, al momento de qué la Fiscalía vaya a resolver situación jurídica el paso a seguir es suspender el proceso y conceder la libertad ordenada por el Tribunal.

De acuerdo con los magistrados del Tribunal, esta libertad era procedente teniendo en cuenta que cumplió la máxima pena contemplada dentro de la ley de justicia y paz, de 8 años de prisión.

El Tribunal había condicionado la salida de prisión de este exjefe paramilitar -considerado por las autoridades como el integrante más viejo de esa organización armada- a portar un brazalete electrónico para que se pudiera llevar a cabo un monitoreo a sus movimientos.

Es de señalar que la defensa de Ramón Isaza en varias ocasiones ha insistido en que su cliente padece de distintas enfermedades, por lo cual no se encuentra en óptimas condiciones de salud para seguir bajo detención carcelaria.

Contra Ramón Isaza la Fiscalía aportó pruebas ante el Tribunal que demostraron su responsabilidad en cerca de 600 proceso penales por varios crímenes y otras graves violaciones a los Derechos Humanos.