Avanza audiencia contra militares sindicados de desfalco al sistema de salud de las Fuerzas Militares

Con completo hermetismo y sin acceso de los medios de comunicación se adelanta la audiencia ante el Juzgado número 36 de Control de Garantías.

La audiencia de legalización de allanamiento y registro podría tardar varias horas; posteriormente se hará la legalización de captura, imputación de cargos, y solicitud de medida de aseguramiento.

Previamente, la Fiscalía General reveló que dos sargentos retirados aparecen como los líderes de la organización integrada por 17 militares activos, 15 uniformados retirados, un contratista y dos especialistas, que estafó en más de 25 mil millones de pesos al sistema de salud del Ejercito Nacional.

Se trata del sargento retirado viceprimero, Cesar Alberto Posada Osorio, quien asumió el papel de liderar estas redes criminales que operaban principalmente en Bogotá y que extendieron sus tentáculos hasta Medellín, tras la salida de la organización del también sargento retirado Julio Cesar Zapata, alias 'El profe'. (Lea también: Fiscalía inicia rastreo de bienes de militares que estafaron al sistema de salud del Ejército)

Según los informes de la Fiscalía, estas organizaciones cobraban en promedio 20 millones de pesos por cada trámite para la obtención de certificados con altos índices de discapacidad, con lo cual lograban obtener indemnizaciones millonarias.

El líder de esta red criminal en Neiva, fue identificado como el sargento primero retirado Roberto muñoz, encargado de contactar los especialistas que luego alteraban los resultados de los exámenes médicos de los pacientes.

La Fiscalía estableció que dos tenientes coroneles, identificadas como Rosse Mary Garzón Porras y Indrid Cristina Guzmán Torres, especialistas en psiquiatría y el mayor William Javier Jiménez Báez de la Dirección de Sanidad del Ejército cumplían un rol fundamental ya que firmaban las historias clínicas a fin de mostrar un antecedente patológico no real y así aumentar el valor de la indemnización.

Otro de los involucrados, el capitán Carlos Andrés Pino Flórez presuntamente agilizaba el desembolso de las indemnizaciones y pensiones por invalidez a los usuarios de esta red a cambio de dadivas.

Asimismo, se estableció por parte de los investigadores que entre 40 y 50 millones de pesos exigían los estafadores para que se lograran altas pensiones. (Lea también: Ejército confirma participación de 17 militares activos en red de estafadores a su sistema de Salud)

La fiscalía indicó que también figuran dentro de los investigados los doctores Álvaro Erenesto Díaz Gaitán y Graciela Marian Trujillo, especialista en las áreas de dermatología y psicología, quienes también presuntamente favorecían con exámenes médicos alterados a quien entregan millonarias sumas de dinero a cambio de resultados que les sirviera a la hora de tramitar la pensión.

También aparece el abogado José Ovidio Reyes, quien era el asesor jurídico encargado de representar a los clientes de esta organización ilegal y de recibir el dinero como pago de los tramites.

La Fiscalía reveló que para desmantelar esta organización fue clave el papel de agentes encubiertos, quienes se hicieron pasar como posibles clientes de esta organización y comprobaron que sin padecer enfermedad alguna en distintos exámenes les eran alterados los mismos con lo que se facilitaba defraudar al los recursos destinados a la salud del Ejército.

Ante la gravedad de los hechos la Fiscalía advirtió que este grupo de capturados se enfrentan, de ser hallados culpables, a una pena no menor a los diez años de prisión.