CIDH condena asesinatos de un periodista en Colombia y un activista en México

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en un comunicado el asesinato de Quintero, que tuvo lugar el lunes en Palmira, en el departamento del Valle del Cauca (suroeste de Colombia).

Quintero, de 57 años y vinculado a la emisora Radio Luna de Palmira, fue tiroteado cuando estaba en una panadería en compañía de otros colegas, supuestamente por un sicario que le disparó en al menos siete ocasiones.

"La Relatoría manifiesta su preocupación e insta a las autoridades colombianas a actuar de manera pronta y oportuna para esclarecer los motivos del crimen", indicó la oficina de la CIDH.

Además, llamó a "poner en práctica todos los instrumentos jurídicos con los que cuenta para identificar a los responsables y determinar si el ataque está asociado con el ejercicio de la profesión periodística".

La oficina recordó que Quintero hacía desde la radio "denuncias y críticas al gobierno local", y apuntó que las autoridades locales han ofrecido "50 millones de pesos colombianos (unos 20.000 dólares estadounidenses) a quien aporte información sobre los responsables materiales o intelectuales".

"La Relatoría Especial insiste en la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección existentes, destinados a garantizar la integridad de quienes se encuentran amenazados por su actividad periodística", señaló la división de la CIDH.

En otro comunicado, la CIDH condenó el asesinato de Alberto Almeida, "defensor de derechos humanos y del medio ambiente de Chihuahua" (México) que murió el 24 de febrero a manos de "personas no identificadas que le dispararon varias veces en el estacionamiento de un centro comercial".

"La CIDH urge al Estado mexicano a conducir una investigación de oficio, orientada al esclarecimiento de las circunstancias en las que tuvo lugar, así como su posible relación con sus actividades como defensor de derechos humanos", indicó el organismo.

Almeida, exalcalde de la localidad de Villa Ahumada y activista de la organización Barzón, "defendía el desierto chihuahuense de la degradación por actividades de explotación de los recursos naturales allí existentes", según la CIDH.

La Comisión instó a México a seguir "diversas líneas de investigación que tengan en cuenta si el asesinato de Almeida podría estar vinculado a su labor como defensor de derechos humanos".

Según la CIDH, Almeida "exigió el cese a la sobrexplotación del acuífero Flores Magón Ahumada, y presentó denuncias penales ante la Procuraduría General de la República alegando que eran ilegales las perforaciones de pozos del Rancho Santa Rita, lo que ocasionó la clausura de algunas de ellas".