Cargando contenido

Ahora en vivo

Seleccione la señal de su ciudad

Colectivos ambientales aseguran que el Túnel de Oriente es inviable

Tras la función de advertencia de la Contraloría general de la nación sobre el túnel de Oriente, los ambientalistas insisten en que esa megaobra es inviable por los efectos negativos sobre el medio ambiente y demandarán la licencia de construcción.

Jorge Eduardo Cock Londoño, ex - ministro de Minas y Energía, pidió a la gobernación de Antioquia suspender la obra.

Cock Londoño dijo que el primero de los responsables de este proyecto fue Álvaro Uribe Vélez quien firmó el contrato de concesión a finales de 2007. Luego los otros gobernadores de turno, excepto Guillermo Gaviria quien siempre se opuso a la obra y los concesionarios y quienes hicieron los estudios, incluido Cornare.

Entre tanto, Claudia Aristizábal, representante de la Reserva Natural de la Sociedad Civil Mano de Oso, dijo que continuarán en el proceso jurídico porque aseguró que hay inconsistencias e insistió que están en riesgo los nacimientos de agua, quebradas y arroyos.

La Contraloría General de la República emitió una Función de Advertencia sobre el proceso de modificación licenciamiento del Proyecto Túnel de Oriente, dirigida a la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la directora general de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, la directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, al gobernador de Antioquia, al director general de CORNARE, al director general de CORANTIOQUIA y al director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

La Contraloría advierte que, de continuar la situación de omisión a sus funciones, objeto y finalidad de cada una de las entidades advertidas frente a la amenaza potencial al medio ambiente que configura la construcción del "Proyecto Túnel de Oriente", se podría estar generando daño al patrimonio estatal.

Según la Contraloría, el proyecto además de afectar derechos fundamentales y sociales de los habitantes del corregimiento de Santa Elena, y de los Valles de Aburra y San Nicolás, al ser el agua superficial y subterránea bienes de la Nación, se estaría causando daño al patrimonio estatal.