Consejo de Estado aplaza debate sobre continuidad del procurador Ordóñez

La solicitud fue hecha por el magistrado Yepes, quien tiene en sus manos la ponencia que contiene los argumentos jurídicos que serían adversos al jefe del Ministerio Público.

De igual forma, el argumento principal que expone la ponencia de Yepes es que la figura de la reelección del Procurador no está contemplada dentro de la Constitución.

Sin embargo, el próximo jueves la Sección Quinta entrará analizar las recusaciones que fueron interpuestas por la defensa del procurador Ordóñez y continuarán con la discusión de la continuidad o no del jefe del Ministerio Público en el cargo.

No obstante, se ha conocido que otras de las razones del aplazamiento del debate, es que este martes en Sala Plena los magistrados discutirán si le quitan las competencias de la Sección Quinta para tomar la decisión sobre el Procurador General de la Nación.

Según algunos juristas, como Ramiro Bejarano, el Consejo de Estado debe anular esta reelección, ya que se debe acabar con la cultura del "yo te elijo y tú me elijes (...) Las personas que a él lo eligieron, en el Congreso de la República, son personas que han recibido dádivas y beneficios por parte de la Procuraduría General de la Nación; por eso debe proceder a su destitución".

El constitucionalista Juan Manuel Charry dijo por su parte que en su concepto "el Procurador sí se puede reelegir (...) y señaló que "no existe vacío jurídico".

Entre las posiciones y conceptos del magistrado Alberto Yepes en su ponencia negativa sobre la reelección de Ordóñez, se argumenta que en la Constitución Nacional no se menciona explícitamente que este funcionario pueda ser reelegido, lo cual, como funcionario público, lo inhabilitaba para aspirar a un segundo periodo en el cargo.

Otros expertos en leyes, como Francisco Bernate, aseguran que estos líos jurídicos sólo le quitan institucionalidad al país: "Después de la nulidad de la entonces fiscal general, Viviane Morales, el cuestionamiento a la elección del Procurador y la previsible cuestionabilidad a la designación del Contralor General deja al país con la institucionalidad aún más debilitada de lo que está, porque no existe la certeza de quién está al frente de los cargos".