Consejo de Estado condenó a la Nación por muerte de dos mujeres en operativo
El Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa, a la Fiscalía General y al desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a pagar más de mil 600 millones de pesos a la familia de un hombre que fue acusado de haber asesinado a su esposa cuando se comprobó que fue provocado por agentes de la Fuerza Pública durante un operativo.
19 Dic 2014 - 10:35 am
Según el alto tibunal, hubo extralimitación de los agentes del Estado durante un operativo registrado el 6 de octubre de 1994, por hombres armados del Ejército, el DAS y la Fiscalía contra miembros de grupos subversivos en el barrio San José de la Cima, ubicado en la comuna nororiental de Medellín.
De acuerdo a las investigaciones, los miembros de la Fuerza Pública abrieron fuego indiscriminado en contra de las viviendas, ocasionando la muerte de dos mujeres.
Según se indicó, en ese momento el esposo de una de ellas sacó su revólver personal y realizó varios disparos hacia el exterior de la casa para defender a su familia, pero posteriormente tuvo que rendirse y acusado de haber causado la muerte de su compañera y lesiones personales a empleados oficiales.
En este caso fue apelada la condena y en segunda instancia fue ordenada la libertad inmediata del procesado, tras haber pasado un año en la cárcel.
Para el Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Enrique Gil Botero, a pesar de que la diligencia de allanamiento estaba debidamente amparada en una orden judicial, el operativo estuvo lleno de irregularidades que terminaron con la muerte de las dos mujeres, entre ellas la esposa del demandante.
“Los angustiosos testimonios de los menores hijos de la víctima dan cuenta de la barbarie con que arremetieron Ejército, Fiscalía y DAS en contra del humilde hogar de una familia que derivaba su sustento de una tienda que atendían en la misma vivienda, y de cómo tuvieron que, no sólo ver que un desconocido irrumpía en la casa y, disparaba en contra de su madre, sino además, ser testigos del maltrato en contra de su padre y víctimas de la impotencia por no lograr impedir que los hombres que ejercían autoridad en nombre del Estado robaran sus pertenencias y destrozaran el resto de la vivienda y la tienda de sus padres, único patrimonio del qué dependían para subsistir”, señala el fallo.
La Sala advierte que nada resulta más 'perverso y oprobioso' que el empleo de la fuerza pública contra las garantías fundamentales, en especial al derecho a la vida.