Consejo Superior de la Judicatura entregó balance de la justicia en 2012

Este es el comunicado:

En mi calidad de Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura me autorizo para compartir con ustedes un balance personal de lo que fue la justicia en Colombia en el año 2012.

El 2012 fue un año de luces y sombras para la justicia colombiana; aunque tuvo más de lo primero que de lo segundo.

Para la Sala Administrativa en particular fue además el año más difícil en sus 20 años de existencia, pues le tocó enfrentar en el primer semestre una reforma a la justicia en la que se suprimía esta institución (Acto Legislativo que avanzó con éxito hasta su octavo debate) y en el segundo semestre encaró el paro judicial más largo que se recuerde.

Y a mí como Presidente de la Sala me correspondió encarar todos esos retos. Traté de hacerlo lo mejor que pude. Y pido excusas públicas por los errores, desaciertos u omisiones que pudiere haber cometido.

Veamos entonces en primer lugar las cosas positivas de la justicia en este año.

1. En términos generales se mantuvo la prestación del servicio de justicia a los usuarios de todo el país, pero:

1.1. Con mayor acceso a la justicia para la población vulnerable: la Sala Administrativa creó juzgados en los 138 municipios que carecían de un despacho judicial. Se trataba de los municipios más pequeños, alejados y marginales. De ellos, 134 municipios ya tienen el juzgado operando y el resto lo será en las próximas semanas. Se trata de una política basada en el inciso segundo del artículo 13 de la Constitución, que dice: *“El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados”.*

1.2. Con mayor oferta judicial: la Sala Administrativa creó o prorrogó 1.036 juzgados temporales a través de las políticas de descongestión, más un centenar de plazas de magistrado, que con los empleados respectivos suman en total más de ocho mil cargos de descongestión. A todos ellos se les dotó de instalaciones, mobiliario y equipos de cómputo. Esto último, hay que reconocerlo, con algunas limitaciones. En todo caso se busca hacer realidad lo ordenado por el artículo 229 de la Constitución: *“se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia”.*

1.3. Con una nueva especialidad creada para atender los casos de restitución de tierras: la Sala Administrativa ordenó planificar, crear formalmente, poner en operación, capacitar y financiar los nuevos jueces y magistrados especializados en restitución de tierras, de que trata la Ley 1448 de 2011, que empezó a regir en este año. Son 15 magistrados y 24 jueces, con sus plantas de empleados, que ya trabajan en sus despachos, dotados de mobiliario y equipos. Además se les está garantizando la seguridad por parte de la Unidad de Protección del Ministerio del Interior, que es la responsable en la materia. Estos jueces ya han fallado 5 casos en tiempo récord, todos ellos a favor de las víctimas, con los mayores estándares de sensibilidad y coraje. Hay que destacar aquí la colaboración armónica que ha existido entre la rama judicial y la rama ejecutiva, pues hemos trabajado “en llave” con el Gobierno Nacional en esta materia, respetando desde luego la autonomía e independencia de cada uno, como lo dispone el artículo 113 de la Constitución. En todo caso la restitución de la tierra a las víctimas del despojo o del desplazamiento forzado es una política de Estado y una premisa de la paz, en todo lo cual la rama judicial está comprometida.

2. En materia de transparencia: la Sala Administrativa ha emprendido desde enero de este año una nueva política de transparencia, que le permita relegitimarse ante la opinión pública. Hay que recordar también que el artículo 209 de la Constitución señala que la función administrativa sedesarrolla con fundamento en los principios de *“moralidad”* y *“publicidad” *, es decir, con un alto estándar ético y de lucha contra la corrupción. De ello dan cuenta los siguientes ejemplos:

2.1. Se modificó el procedimiento interno para elaborar las listas de candidatos a las altas cortes, reemplazando la antigua postulación consensuada, por un procedimiento de selección en audiencia pública, transmitido en directo en la página web de la rama judicial, con votación al final, en la cual es necesario obtener cuatro votos. Además se respeta la ley de cuotas por razones de género. Ello ha redundado en unas listas más cortas, que algunas corporaciones judiciales han criticado.

2.2. Se modificó el procedimiento interno para elaborar las ternas de director ejecutivo seccional: este mecanismo se realizará también en audiencia pública, pero aún no se ha estrenado, ya que en el año 2012 no hubo renuncias sino sólo dos encargos en las 23 seccionales en las que está dividido el país. La Sala Administrativa, como se verá más adelante a propósito de la reforma a la justicia, se ha resistido a “negociar” estos cargos, los cuales gozan de gran estabilidad.

2.3. Se inició un proceso de autocrítica, reinstitucionalización y modernización del sector justicia en Colombia: se trata de un proceso participativo y democrático, que cuenta con el concurso de cerca de unas treinta entidades, como el Observatorio para la Reforma a la Justicia, Asonal, Plural, Corporación Excelencia en la Justicia, universidades y otros actores sociales legítimos y reconocidos. En el marco de este proceso se está adelantando en todos los municipios del país una reflexión sobre el estado de la justicia, sus problemas y posibles soluciones. Este instrumento se desarrolla en mesas de trabajo integradas por jueces, empleados y organizaciones sociales. Los voceros de esos grupos de base se concentrarán a nivel seccional y finalmente los voceros regionales se reunirán a comienzos del próximo año Bogotá para arribar a unas conclusiones de orden nacional. La Sala Administrativa lidera este mecanismo de autocrítica y expidió los Acuerdos que daban curso a la convocatoria y desarrollo de estos dispositivos.

2.4. Se trasladó la Unidad de Infraestructura a la Dirección Ejecutiva: la Sala Administrativa se desprendió de toda incidencia en la contratación y ejecución de recursos en las obras, pasando esta Unidad a quedar dependiendo del Director Ejecutivo. Hay que tener presente que esta Unidad es la que al año ejecuta el grueso de los recursos de inversión.

2.5. Se acogieron las directrices de la Contraloría General de la República: la Sala Administrativa acogió las recomendaciones del ente de control fiscal formuladas en sus hallazgos fiscales, que comparte, y ha tratado de corregir las irregularidades detectadas. Además la Sala apoyó las investigaciones sobre el denominado “carrusel de pensiones”, en el que, hay que decirlo, no está involucrado ningún miembro de esta Corporación.

3. En materia de gestión se concluyeron las grandes obras de infraestructura: en este año se inauguró el palacio de justicia de Manizales, que es un edificio inteligente modelo en América Latina para el sector justicia, que tuvo un costo de cincuenta y un mil millones de pesos, y se concluyeron las obras civiles de la torre B del palacio de justicia de Cali, con una inversión de setenta y tres mil millones de pesos. Igualmente en este año se construyeron 300 salas de audiencia en un tiempo récord de siete meses.

Veamos en segundo lugar las cosas negativas de la justicia durante este año 2012:

1. La reforma a la justicia: durante este proceso, traumático y fallido, iniciado e impulsado por el Gobierno y aprobado por el Congreso, la justicia se vio atrapada en una encrucijada. Y, hay que confesarlo, no salió indemne. Pero yo rescataría de ese proceso la conducta de la Sala Administrativa, que conservó de principio a fin una posición coherente y sólida, pues prefirió ser suprimida antes que entrar en negociaciones de cualquier tipo. *“Moriremos de pie”* fue la frase que dije en el Congreso cuando me citaron al debate sobre la reforma.

2. El paro judicial: la reclamación de la nivelación salarial, legítima desde luego, avalada en sus inicios por la Sala Administrativa y por el Gobierno Nacional, devino después en una abusiva suspensión del servicio, con un costo muy alto para el erario, los usuarios y el clima de los negocios. Muy rápido se pasó de la legitimidad al exceso. Asonal judicial se dividió. Al final el paro ya era por ciudades y, en éstas, por edificio. La representación sindical devino anárquica.

En cuanto al papel de la Sala Administrativa durante el paro, hay que destacar que nosotros tuvimos todo el tiempo una posición coherente en esta materia, que consistió en lo siguiente: liderar y apoyar la reclamación de la nivelación salarial, oponerse al cese de actividades y llamar al diálogo y a la reanudación del servicio. No adoptamos medidas represivas y rechazamos las vías de hecho en que algunos incurrieron. Suscribimos en calidad de testigos el acuerdo al que se llegó el 6 de noviembre entre el Gobierno Nacional y un sector de Asonal. Pero la Sala Administrativa no es la fija los salarios ni asigna el presupuesto ni es responsable del orden público ni de la Policía, sino el Gobierno Nacional.

De hecho el Gobierno está en mora de hacer una reestructuración salarial racional, unificada y equitativa para todas las ramas y órganos del poder.

3. Los cuestionamientos que la opinión pública ha formulado por el comportamiento de algunos magistrados en temas institucionales. Sea lo primero aclarar que estos cuestionamientos no se refieren a todas las altas cortes. Tampoco a todos los magistrados que las integran. Además no se refieren a sentencias sino al ejercicio de otras funciones. Y por otra parte la rama judicial no se agota en las altas cortes. Así delimitado el problema, éste no se puede negar.

4. La gerencia técnica de la rama judicial siguió siendo una asignatura pendiente, lo cual sí nos concierne a nosotros, como Sala Administrativa. Es, pues, una confesión. Pero aquí es necesario diferenciar varias situaciones, que hay que matizar, así:

4.1. Los cambios de Director Ejecutivo: en este año tuvimos tres Directores Ejecutivos de Administración Judicial, lo que generó discontinuidad en la gerencia. Entre los meses de marzo y junio, a raíz de la reforma a la justicia, que terminaba la Sala Administrativa, la gestión de la Dirección Ejecutiva se afectó gravemente. Un ejemplo: para el día en que se cayó la reforma, 21 de junio, la ejecución del presupuesto de inversión iba apenas en el 4%; el viernes pasado ya iba en el 55%, o sea que en un semestre de gestión se pudo ejecutar la mitad de este presupuesto. De haber mantenido el ritmo en los dos semestres estoy seguro que hubiésemos ejecutado todo el presupuesto de inversión. Por otra parte, el presupuesto de funcionamiento se ejecutó en un 100% y la bolsa de recursos de descongestión en un 97%.

4.2. Los cambios en la composición de la Sala Administrativa: en este año se retiraron dos magistrados y se posesionó uno. Varios meses sólo estuvimos cuatro de los seis magistrados, y como el quórum para deliberar y decidir es de cuatro, las decisiones tenían que adoptarse por unanimidad, lo que desde luego restó gobernabilidad. Con todo y ello la Sala pudo ejercer sus funciones, lo que da cuenta del alto compromiso de sus magistrados. Por ejemplo en el día de hoy tuvimos una sesión ordinaria de la Sala.

4.3. La gerencia propiamente dicha: en la Dirección Ejecutiva sigue haciendo falta una mayor planificación de los procesos, procedimientos, contrataciones, manuales de funciones e indicadores de gestión. Con el acompañamiento de la Contraloría se han logrado avances, pero aún resta camino por recorrer.

4.4. La implementación de la tecnología de la información y las comunicaciones (TICs): la Sala Administrativa adoptó en febrero el Plan Estratégico Tecnológico para la rama judicial, con el acompañamiento del MinTic y de la cooperación internacional. Pero todavía no se pasa a la fase de puesta en ejecución del expediente electrónico o digital, que es la meta. Es deficiente la conectividad (redes), el sistema de información, los equipos de cómputo y la cultura del cambio. No obstante ya se trabaja en esta vía y pronto habrá algunos resultados.

Y en tercer lugar, la finalización de un año invita a edificar los sueños para el año siguiente. Hacemos votos para que el año 2013 permita una relegitimación de la justicia - con el fin de que recupere su papel de faro moral de la sociedad -, al tiempo que logre superar la congestión, la demora de los procesos y pueda implementar la oralidad, los nuevos códigos y las tecnologías de la información a través del expediente electrónico.

Para la Sala Administrativa, en particular, hay que destacar que todo el año que termina estuvo a la defensiva, acosada por la reforma, el paro y demás acontecimientos. Aún así, hizo lo mejor que pudo, en su conjunto, con el compromiso decidido de todos los magistrados que la integraron y que ahora la integran. Mi papel como Presidente se concentró en llevar la nave a puerto seguro en medio de aguas turbulentas. Pero el próximo año, en un marco de mayor estabilidad institucional y navegando sobre aguas más tranquilas, estoy seguro que la Sala Administrativa mostrará mejores resultados, sobre todo en gerencia y gestión, como fruto del proceso de cambio y mejoramiento continuo en el que está empeñada, al tiempo que continuará buscando hacer efectivos los valores, principios y derechos de la Constitución Política.

Un feliz año 2013".