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Contralor Maya considera “deplorable” y “asunto de Estado” que el organismo se quede sin sede desde enero

El contralor general, Edgardo Maya Villazón, confirmó que la Presidencia le ofreció las antiguas instalaciones de la Dirección de Estupefacientes para trasladar allí, de manera provisional, la sede del organismo de control desde el 1 de enero del 2015, cuando vence el contrato de arrendamiento del edificio en el que funciona, aunque considero esta situación de “<i>deplorable</i>”.

Maya, quien insistió en que es contradictorio el fallo del Consejo de Estado que le negó una tutela sobre arriendo de la sede del organismo, dijo que el problema se convirtió en un “asunto de Estado” en el que deben ayudar a encontrar una solución el Gobierno y otras entidades.

Ayer (martes) puse en conocimiento de esta situación a la Presidencia de la República. Hablé con el ministro Néstor Humberto Martínez, con la jefe de la Oficina Jurídica y le manifesté (la situación) porque este es ya un tema de Estado”, dijo Maya en RCN La Radio.

El Contralor General agregó que “(esto) es deplorable. Por eso le solicité una intervención al Defensor del Pueblo para que el Estado colombiano colabore”.

El contralor Maya reveló que el Gobierno le hizo ofertas para ocupar las sedes que tiene la Dirección de Estupefacientes, como la que queda en la Calle 53 con Carrera 13, en Bogotá.

Sin embargo, señaló que “también nosotros hacemos la gestión por si hay oficinas con características funcionales similares a las que ahora tenemos”.

Agregó que “estamos en la declaratoria de una contingencia para proceder a partir del día de hoy para ubicar bienes e los cuales tenemos ofertas de edificios de cinco mil metros (...) Tenemos aprobada una partida de 30 mil millones de pesos para arrendar durante el año 2015 y tenemos una partida de 80 mil millones para adquirir el bien

El Contralor dijo que era crítica la situación del contrato de arrendamiento de la Contraloría General de la República.

El contrato de este edificio vencía en agosto de este año y mi antecesora prorrogó hasta el 31 de diciembre de este año; los problemas han sido ajenos a mí, son directrices de la Fiscalía y la semana pasada nos notificaron de que definitivamente no podríamos seguir en la sede que estamos ahora”, advirtió el alto funcionario.

Finalmente manifestó que “esperamos que la suspensión de términos desde el primero de enero sea en el menor tiempo".