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Corte Constitucional ordenó a autoridades de San Andrés revocar expulsión de un ciudadano

La Corte Constitucional le ordenó a la Gobernación de San Andrés que revoque la orden de expulsión que impuso en contra de un hombre que no tenía permiso para estar en la Isla de manera permanente, separándolo de la familia que había conformado desde hacía varios años.

Según la sentencia del alto tribunal, esta persona y a su pequeño hijo le fueron vulnerados varios derechos fundamentales entre ellos, al de tener una familia y no ser separado de ella.

El caso particular que la Corte estudió tuvo que ver con un hombre que llegó procedente de Barranquilla a la Isla con un permiso temporal de residencia.

Sin embargo, tuvo que buscar varios mecanismos para quedarse en San Andrés tras casarse con una mujer de la Isla y tener posteriormente un hijo con ella.

De igual forma consiguió un trabajo para el sustento de su familia, pero al no tener el permiso de trabajar fue expulsado por las autoridades locales y le impusieron una multa de 15 salarios mínimos, advirtiendo que estaba prohibido y no podía laborar sin las respectivas autorizaciones.

La Corte Constitucional consideró que fueron vulnerados varios derechos al no tener en cuenta la condición económica del hombre y su estado de padre de familia.

"De esta manera, la Oficina de Control de Circulación y Residencia (OCCRE) de la Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, desconoció el interés superior de su hijo de tres (3) años al (i) imponerle al actor una multa de quince (15) smlmv, y (ii) condicionar su regreso en calidad de turista a su pago efectivo, pues esto privó indefinidamente al niño de la compañía de su padre y, consecuentemente, comprometió su desarrollo integral al restringir el afecto, el amor y el cuidado que su progenitor le debe brindar", señala la sentencia.

Advierte la Corte que si bien en San Andrés hay condiciones especiales amparadas en las normas para controlar la demografía en esa zona del país para no atentar con los derechos de los residentes del archipiélago; también se está poniendo en riesgo en este caso particular, los derechos fundamentales de un menor de edad.

Ante la situación la Corte Constitucional le ordenó a la Gobernación de San Andrés que quite del listado de las personas que no están autorizadas para ingresar al territorio insular a este hombre para que pueda volver con su familia y levante la multa impuesta por las autoridades de esa zona del país.