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Defensoría del Pueblo pide protección a líderesa amenazada en los Montes de María

Revisión y ajuste a las medidas de prevención y protección para los líderes y representantes de las organizaciones sociales en los Montes de María, solicitó la Defensoría del Pueblo al conocer nuevas amenazas enviadas a través de panfletos en sobre sellado a colectivos como Narrar para Vivir, en el municipio de San Juan Nepomuceno.

Irina Junieles, Defensora del Pueblo en Bolívar, informó que las nuevas intimidaciones que tuvo conocimiento la entidad están dirigidas a Mayerli Angarita, representante de las mujeres que estarán presentes en el próximo ciclo de conversaciones entre el Gobierno y las Farc, quien en 2012 fue víctima de un atentado en donde afortunadamente logró salir ilesa.

"Hemos pedido que se refuercen de manera especial las medidas de seguridad para esta lideresa y de todos los miembros de esta organización social", expresó Junieles, quien hizo un llamado concreto a la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas del Ministerio del Interior (CIAT), para que evalué la situación de riesgo de la líderesa y de otras personas que también han sido presionadas por estructuras como los grupos posdesmovilizados de las Autodefensas.

"Esto amerita más que nunca que se refuercen las medidas de seguridad para los líderes sociales en esta zona de la región", recalcó la Defensora del Pueblo de Bolívar, la cual señaló que pese a que los motivos del hostigamientos no están claros, estos podrían estar vinculados a que la organización social representa a las victimas del conflicto en los Montes de María y que también son reclamantes de tierra.

Indicó la funcionaria que en un informe presentado por la Defensoría en agosto del año pasado, se informó que se tienen conocimiento de una serie de amenazas desde el 2012 sobre varios líderes y organizaciones de esta naturaleza en el Departamento de Bolívar, particularmente en los municipios del Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno, María La Baja y San Jacinto.

La organización Narrar para Vivir actualmente es sujeto de reparación colectiva por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), proceso durante el cual se han presentado varios hostigamientos contra su sede, la cual fue inaugurada el año pasado por el Gobierno Nacional.