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Defensoría denuncia ‘abusos’ de instituciones educativas con útiles escolares

La Defensoría del Pueblo aseguró que ha recibido denuncias de colegios que se están excediendo en las listas de útiles escolares.

A la entidad han llegado denuncias de padres de familia contra al menos 13 instituciones educativas, la mayoría de ellas de Bogotá, Soacha, Santa Marta, Cúcuta, Pereira, Villavicencio, Cartagena, Popayán y Puerto Asís.

Llama la atención que la Defensoría ha recibido casos en los que los colegios están solicitando la suscripción obligatoria a paquetes de internet, que deben ser adquiridos en sitios específicos, la imposición de guías para talleres y evaluaciones cuyo costo anual se aproxima a los 350 mil pesos sin la posibilidad de fotocopiarlas.

Además, de acuerdo a las denuncias, los colegios están cobrando cifras cercanas al millón de pesos solamente por materiales, requieren a los padres textos importados en el valor de la matrícula generando incrementos que llegan al 38%, y cuotas de hasta 200 mil pesos para la sistematización de notas.

Las instituciones continúan pidiendo elementos como rollos de papel higiénico (hasta 12 paquetes) resmas de papel, cuadernos para niños que están en guardería y bolsas de basura.

La Defensoría refirió un caso que se registró el año pasado en el que un padre de familia entregó soportes sobre la contribución que realizaba para el pago de los servicios públicos en la institución donde estaban matriculados sus hijos.

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo le pidió al Ministerio de Educación investigar y evaluar posibles sanciones contra estos colegios que estarían violando la normatividad.

Según resolución 15168 del 17 de septiembre de 2014 emitida por el Ministerio de Educación, los topes máximos para el incremento en matrículas y pensiones para colegios y jardines privados oscilan entre el 2 y el 5,1 por ciento.

Además, los colegios no pueden solicitar materiales de dotación que deben ser provistos por las instituciones, como sucede con los elementos de aseo; no pueden exigir marcas específicas ni la compra en lugares exclusivos y los materiales no deben ser entregados a los colegios, puesto que pueden ser administrados desde cada uno de los hogares.