Defensoría revela la lista de las 10 cárceles más hacinadas en Colombia

De acuerdo con la entidad, la sobrepoblación en las cárceles superan el 400 por ciento.

Cárcel de Riohacha

Según la Defensoría, la cárcel más hacinada del país es el centro penitenciario de mediana seguridad en Riohacha, que cuenta con una capacidad para 100 internos pero tiene una población de 578, lo que representa un hacinamiento del 478 por ciento.

De acuerdo con la delegada para la Política Criminal y Penitenciaria de la Defensoría, la planta eléctrica en ese penal fue instalada hace más de 20 años por lo cual se encuentra deteriorada.

"A ello se suma que las duchas, albercas e inodoros permanecen en condiciones deplorables, motivo por el cual la atmósfera es completamente adversa en materia de salubridad, circunstancia que se agrava con el suministro de agua, que sólo se provee ente las 5 y las 7 de la mañana, y de 2 a 4 de la tarde", advierte la Defensoría.

Además, la cárcel solo cuenta con un profesional de la salud que presta sus servicios 4 horas de lunes a viernes, observándose un alto represamiento en las citas con especialistas.

Cárcel de Santa Marta

De acuerdo con el informe de la Defensoría, la segunda cárcel con mayor hacinamiento en el país es la de Santa Marta, con una capacidad para 312 internos y una población de 1.393 personas, es decir, registra un índice superior de hacinamiento al 346 por ciento.

"Allí la edificación cumple más de 70 años, hay un solo pabellón dividido en pasillos, la estructura física está deteriorada en un 100 por ciento y ya hubo un corto circuito el pasado 17 de julio", señala la entidad.

Cárcel de Magangué

La cárcel de Magangué (Bolívar) es el tercer centro de reclusión más hacinado del país, donde la capacidad es para 56 internos pero hay 249 recluidos, lo que se traduce en un hacinamiento del 344 por ciento.

La Defensoría denunció que los talleres, el rancho y algunos pasillos de la Unidad de Tratamiento Especial son usados como dormitorios, llegando incluso a habilitar algunos baños como celdas, teniendo los internos que secar el piso de las duchas para acomodar sus colchonetas en la noche.

Además, el servicio médico se presta externamente por la inexistencia de un contrato con Caprecom y las demoras para las cirugías son hasta de 1 año.

Cárcel de Valledupar

La cárcel de Valledupar cuenta con capacidad para 256 reclusos, sin embargo registra una población de 954, lo que quiere decir que el hacinamiento es del 273 por ciento.

La Defensoría afirma que pudo constatar que la cárcel no cuenta con un sistema adecuado de acueducto que permita el acceso al servicio en todas las torres de manera constante.

"Se evidencia que por la manera como están concebidas las habitaciones conyugales, se viola el derecho a la intimidad, el piso está inundado en varios sectores y existen más de 300 tutelas represadas por falta de autorización en las órdenes médicas", asegura la entidad.

La cárcel de Villahermosa

La cárcel de Villahermosa en Cali, tiene una capacidad para 1.667 internos pero cuenta con 6.128, es decir que el hacinamiento es del 267 por ciento.

Allí las condiciones de humedad son notorias, el promedio es de una ducha y un sanitario por cada 200 reclusos, hay fallas evidentes en el suministro de medicamentos y los 75 internos de la Unidad de Salud Mental, que debieron ser trasladados a Jamundí, solo reciben visita siquiátrica cada 30 días en jornadas de medio tiempo.

Cárcel de Caloto

El establecimiento penitenciario de mediana seguridad de Caloto (Cauca) tiene capacidad para 48 internos pero cuenta con 164, para una sobrepoblación del 242 por ciento.

Este penal, que acusa el paso del tiempo, no cuenta con red hospitalaria externa para la atención de los reclusos, señala la Defensoría.

Cárcel de Itagüí

La cárcel La Paz de Itagüí (Antioquia) tiene una capacidad para 328 personas y una ocupación de 966. Según la Defensoría esta cárcel alcanza un hacinamiento del 194 por ciento y carece de personal médico suficiente para la atención de los internos.

Cárcel de El Bosque

La cárcel El Bosque de Barranquilla, donde hay albergue para 640 reclusos, pero la habitan 1.768, con un hacinamiento del 176 por ciento.

La Defensoría denunció que allí se sigue presentando serias dificultades para los Derechos Humanos de los internos.

"El 31 de octubre falleció uno de ellos por un cuadro de varicela, que al parecer no fue tratado oportunamente; lo que más preocupa es que habría otros dos internos y dos miembros del cuerpo de custodia afectados por el virus, que amenaza con propagarse en medio de unas condiciones de infraestructura inadecuadas, como lo demostró el grave incendio ocurrido a comienzos de este año", indica el informe de la Defensoría.

Cárcel de Apartádo

En la cárcel Villa Inés de Apartadó, donde la capacidad es para 296 personas pero hay 797 y el hacinamiento llega al 169 por ciento, es evidente la proliferación de roedores e insectos, convirtiéndose en foco de enfermedades y obligando a constantes procesos de fumigación que deterioran aún más la salud de los internos.

"Al 31 de agosto de este año, había 148 citas médicas pendientes con especialista y otras 100 con médico general y por procedimientos de rayos X, represadas", indica la Defensoría.

Cárcel de Quibdó

Finalmente, la cárcel Anayancy de Quibdó, donde la capacidad es para 286 reclusos pero se encuentran recluidos 721 y el hacinamiento es del 152 por ciento, presenta un alto riesgo de incendio y corto circuito pues el cableado está expuesto y en pésimas condiciones.

"La Unidad de Tratamiento Especial solo cuenta con dos celdas carentes de iluminación, y a sus ocupantes sólo se les permite tomar el sol 15 minutos de lunes a jueves y una hora los viernes, limitando las posibilidades de recuperación", señala el informe de la Defensoría.

La Defensoría calificó de lamentablemente la operación reglamento en el Inpec y el paro judicial que a su juicio han complicado esta grave problemática de Derechos Humanos en las cárceles.

Ante ese panorama, el defensor, Jorge Armando Otálora, se reunió este lunes con funcionarios del Alto Gobierno en la Presidencia de la República, donde se dieron a conocer avances de cara a la solución de estos inconvenientes, que han significado la suspensión de más de 30 mil audiencias a nivel nacional, así como la parálisis de reseñas y remisiones, en perjuicio de los derechos humanos.