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Denuncian por concierto para delinquir y tráfico de influencias a los conciliadores de reforma judicial

Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia han sido interpuestas 4 denuncias contra los 12 conciliadores de la Reforma a la Justicia.

La primera denuncia había sido interpuesta por la Red de Veedurías Ciudadanas, la cual pide investigar a los 172 congresistas, incluidos los conciliadores, que avalaron la reforma en las respectivas plenarias de Cámara y Senado.

Esta denuncia ya fue aceptada por la sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, órgano que ya empezó la investigación respectiva y designó como ponente al magistrado Luis Guillermo Salazar Otero.

La segunda denuncia la realizó el abogado Carlos Castro, quien argumentó tres delitos en los que habrían incurrido los seis senadores y seis representantes a la Cámara.

El primero es concierto para delinquir agravado, porque los parlamentarios, según la denuncia, acordaron en un lugar ajeno al Congreso la inclusión de los llamados “micos” en la conciliación.

El segundo es falsedad en documento público, ya que, según la denuncia, incluyeron en el informe de conciliación aspectos de la reforma que ya habían sido derrotados en los debates previos de la iniciativa.

Por último, Carlos Castro invocó el delito de prevaricato por acción.

De igual manera, en la denuncia, se pidió compulsar copias al Consejo de Estado para que adelante el trámite respectivo de la demanda de pérdida de investidura contra estos doce congresistas por los mismos cargos.

La tercera denuncia la interpuso el reconocido abogado David Teleki por los mismos 3 delitos de la del jurista Carlos Castro. La cuarta denuncia fue interpuesta por el abogado, Saúl Villar, quien incluyó el delito de tráfico de influencias.

Ya varias organizaciones sociales han anunciado que radicarán las respectivas demandas de pérdida de investidura contra los conciliadores. El abogado Castro anunció que él mismo radicará la demanda este martes.

La semana pasada la Red de Veedurías Ciudadanas interpuso una denuncia penal contra los 172 congresistas que aprobaron en las plenarias del Senado y Cámara la conciliación de la Reforma a la Justicia.