Directivas de la Comisión de Acusación decidirán recusación contra Secretario
La Mesa Directiva de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes tendrá que estudiar la recusación que presentó el magistrado Jorge Pretelt en contra del secretario de esta célula, Juan Pablo Duque.
27 Mar 2015 - 01:24 pm
Fuentes de la Comisión informaron que tendrían que ser los representantes Julián Bedoya y Berner Zambrano, presidente y vicepresidente, los que decidan si aceptan o no que el actual Secretario siga cumpliendo su labor en el desarrollo de la investigación que se adelanta contra Pretelt por supuesta corrupción. (Lea también: Magistrado Pretelt advierte que debe renunciar el secretario de la Comisión de Acusación
La ley 600, que es el código de procedimiento penal que rige en los procesos contra aforados, establece las 11 causales por las cuales un funcionario debería declararse impedido.
Una de ellas establece que un funcionario deberá declararse impedido cuando “exista amistad íntima o enemistad grave entre alguno de los sujetos procesales, denunciante o perjudicado y el funcionario judicial”.
Según se ha conocido, posiblemente la recusación sería rechazada pese a que Juan Pablo Duque trabajó varios años en la Fiscalía y se desempeñó como enlace del fiscal general en el Congreso de la República, ya que su labor no fue “íntimamente cercana” con Eduardo Montealegre, de quien Pretelt hizo serias acusaciones en días pasados.
El Magistrado señaló que no tiene ningún reproche de tipo profesional contra Duque, pero en aras de la transparencia y de la supuesta relación que tiene con el fiscal Montealegre debe renunciar o apartarse de su cargo para el desarrollo de la investigación que adelanta en esta célula investigativa.
De igual forma, se debe dejar claro que el Secretario General de la Comisión de Acusación no tiene funciones jurisdiccionales y no toma decisiones dentro del proceso de investigación, lo cual llenaría de argumento al representante Julián Bedoya para rechazar la recusación.
Sin embargo, en caso tal de que se acepte, la Comisión de Acusación tendría que designar un funcionario ad hoc que haga las veces de notario en la recepción de testimonios y conocimiento de la investigación que se adelanta en contra del Presidente de la Corte Constitucional por un presunto sobor de 500 millones de pesos para favorecer a Fidupetrol.