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En Colombia mujeres y niñas con discapacidad cognitiva son esterilizadas para evitar abusos

La práctica de esterilización no consentida para mujeres y niñas con discapacidad intelectual o cognitiva, se realiza en Colombia para evitar los riesgos de embarazos no deseados o abusos sexuales.

Andrea Parra, directora ejecutiva del Programa de Acción para la Igualdad y la Inclusión Social (Paiis) de la Universidad de los Andes, afirmó que personas con discapacidad intelectual, cognitiva y psicosocial son sometidas a la esterilización, incluso desde muy temprana edad.



"Hemos escuchado casos de papás que nos cuentan que los médicos les recomiendan empezar el proceso para esterilizarlas y a los tres años una persona no debería estar esterilizada”, señaló.

Parra, señaló que los padres buscan esterilizar a sus hijas en condición de discapacidad para evitar abusos sexuales o embarazos, en la mayoría de los casos por recomendación de médicos y expertos.

"Cuando nos cuentan las familias de por qué los médicos les dicen que tienen que esterilizar a sus hijos, es porque son muy vulnerables a la violencia sexual y una cosa que es muy clara, y que además está en estudios de otros países, es que la esterilización no protege de la violencia sexual a nadie”, añadió.

Además, un estudio de la Universidad del Rosario establece que también atemoriza a los padres la falta de capacidad para la crianza.

"Manifiestan sus temores de que sean los abuelos los llamados a responder económicamente por el hijo de una pareja con discapacidad", señala el estudio denominado Derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad intelectual.

La esterilización quirúrgica, también afecta a los hombres que viven en condición de discapacidad. Datos del Ministerio de Salud revelan que entre 2009 y 2011, se realizaron un total de 505 esterilizaciones en mujeres de edad fértil con discapacidad, y 127 procedimientos en hombres, también en situación de discapacidad.

Marco Jurídico colombiano lo avala pero convenios internacionales no

No obstante, estos procedimientos se realizan pese a que Colombia ha ratificado por lo menos dos tratados internacionales que la prohíben.

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) ratificada por Colombia en mayo de 2011, protege el derecho a mantener la fertilidad de las personas con discapacidad.

Además, la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) establece el derecho a la autonomía y personalidad jurídica así como protege los derechos sexuales y reproductivos.

Sin embargo, la Corte Constitucional en su sentencia C-131 de 2014 avaló la esterilización con discapacidad bajo la medida de interdicción.

La Corte decidió que para realizar el procedimiento se debe contar con la autorización del juez de familia que declaró la interdicción.

"(…) la Corte recordó que la jurisprudencia constitucional ha establecido que, cuando se trata de menores en condición de discapacidad respecto de los cuales se haya comprobado la imposibilidad de que en el futuro otorguen su consentimiento para someterse a la esterilización, los padres o en todo caso el representante legal, deberán solicitar autorización al juez para practicar la anticoncepción quirúrgica", señala el comunicado oficial de la Corte.

Andrea Parra, directora de Paiis, dice que la decisión de la Corte no se cumple estrictamente.

"Generalmente las personas que solicitan la esterilización, presentan la decisión de interdicción como única fundamento para que se les haga la esterilización", explicó.

"Por otra parte, los jueces de familia, cuando las personas inician un proceso de interdicción para esterilizar a alguien, solicitan un concepto pericial de psiquiatras forenses y les piden que determinen la capacidad de manejar su patrimonio lo que no tiene nada que ver con las razones por las que se solicita la esterilización de una persona", añadió.

El caso de Camila

Julia Ruíz Navarro es madre de Camila Lozano, una joven de 24 años con discapacidad intelectual (padece un síndrome genético denominado 18P-).

Señaló que apoya a su hija en la decisión de no ser declarada interdicta, pese a que los médicos así se lo recomendaron para poder ser esterilizada.

“Que mejor era esterilizarla porque evitaba el embarazo, para evitar que la abusaran y yo decía: ¿creen por esterilizar una persona se curó todo, ya no van a tener abuso sexual? Creo que por el contrario, la gente se puede aprovechar más de eso”, manifestó.

La señora Julia agregó que en su entorno familiar han decidido hablar con Camila sobre las implicaciones de la sexualidad.

Eso es respetarle a ella ese derecho, que lo tienen todas las personas y hacerle entender que sí, hay riesgos y explicarle los cuidados que tiene que tener respecto a su vida sexual, ella lo tiene muy claro, pero no por eso la debemos mandar a esterilizar, esa no es la solución", dijo.

El doctor Carlos López Clavijo, médico Ginecólogo y Obstetra del Instituto de Fertilidad Humana, dijo que no son muy frecuentes las solicitudes de esterilización para personas en condición de discapacidad aunque reconoce que sólo se pueden realizar bajo la orden de un juez.

Sin embargo, señaló que no deberían aplicarse estos procedimientos de planificación irreversibles.

"No se va disminuir el abuso porque una mujer tenga ligadura de trompas, no necesariamente una mujer debe ser sometida a una ligadura o un hombre a una vasectomía para evitar en el caso de una mujer que sea abusada o que quede en embarazo, porque se pueden manejar otros médicos anticonceptivos probablemente más efectivos", puntualizó.

En octubre de 2013, la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer recomendó al Estado colombiano modificar y desarrollar el marco regulatorio para que la esterilización se lleva a cabo con el consentimiento libre e informado de las mujeres, incluidas aquellas con discapacidad.

En el 2015, Colombia se someterá a una revisión por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde varias organizaciones presentarán un informe ‘sobra’ o alterno sobre la situación de mujeres en condición de discapacidad que son sometidas a procedimientos de esterilización.