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Juez determina detención domiciliaria para fundador de la San Martín

Al término de la audiencia de imputación de cargos, un juez de Girardot, Cundinamarca, determinó enviar a la cárcel a dos de los tres exdirectivos de la Universidad San Martín, presuntamente involucrados en la estafa masiva de sus estudiantes, con el desvío de casi un billón de pesos.

Se trata de Juan Carlos Mahecha y José Ricardo Caballero, quienes fungían como representantes legales y de la oficina jurídica de ese centro educativo y que fueron detenidos por la Fiscalía esta semana en Girardot, acusados del desvío de millonarias sumas de dinero, pertenecientes a la universidad.

El juez dijo que ninguno de los dos probó ser un padre cabeza de familia como condición para aplicarle la detención domiciliaria. Los dos enviados a la cárcel presentaron apelación por no estar de acuerdo con la decisión.

Así mismo, durante la audiencia la Fiscalía logró probar que estas personas son un peligro para la comunidad y que existe el riesgo de no comparecencia a las próximas audiencias, por lo que se determinó la necesidad de su reclusión carcelaria.

En el caso de Mariano Alvear, fundador de la San Martín, el juez determinó que su reculsión debía ser domiciliaria, argumentando protección de su dignidad humana, debido a su delicado estado de salud, por la avanzada edad.

Exdirectivos de la San Martín desviaron al exterior cerca de $1 billón para no pagar obligaciones: Fiscalía

La Fiscalía reveló ante un juez de Girardot, Cundinamarca, que cerca de un billón de pesos provenientes de matrículas y otros ingresos desviaron al exterior los directivos de la Fundación Universitaria San Martín para evitar pagar las obligaciones adquiridas por el centro educativo.

Esta revelación fue realizada por la Fiscalía durante la audiencia de imputación de cargos realizada en la casona en la que vive el fundador de Universidad, Mariano Alvear, el cual estuvo en una cama de hospital debido a su estado de salud; durante la diligencia además se le formularon delitos a Juan Carlos Mahecha Cárdenas y Ricardo Caballero Calderón, exfuncionarios de la entidad educativa. (Lea aquí los detalles de esta legalización de captura)

Ninguno de los exdirectivos de la Fundación Universitaria aceptó su responsabilidad en los delitos de fraude procesal, fraude a resolución judicial, estafa en la modalidad de delito masa, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir y falsedad en documento público.

Los investigadores reportaron que el rastreo de bienes que hizo la Fiscalía estableció que a través de transferencias bancarias usando más de diez entidades financieras, el dinero de los estudiantes y de la Universidad ha sido detectado en países como México, las Islas Cayman, Estados Unidos, India, Luxemburgo, Taiwan, Alemania, Corea del Norte y Rusia.

El Fiscal del caso precisó que a estos países llegaron los 943.551 millones 742.555 pesos surgidos de la plata de las matrículas, préstamos bancarios, el no pago de acreencias laborales y de compromisos tributarios con la ciudad de Bogotá.

Según el expediente a estos capturados se les vincula penalmente por 14 fraudes procesales, 14 falsedades materiales, 17 fraudes a resolución judicial, estafa en la modalidad de delito masa, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.

Los fraudes a resolución judicial los cometieron en los casos denunciados por personas que ganaron contra el centro educativo procesos laborales por el no pago de muchas de las obligaciones surgidas en el contrato de trabajo. Y jamás hicieron pagos ordenados en las sentencias de los jueces laborales de todo el país.

En cuanto a los fraudes procesales, la Fiscalía explicó que estas personas presentaron documentos falsos para levantar los embargos que bloqueaban las posibilidades de vender bienes en diversas ciudades del país y de esta manera afectar a quienes ya eran sus acreedores.

Más tarde, esos bienes eran negociados a través de fiducias, comodatos y otras figuras del derecho civil y comercial . De esta manera, volvían al control de los directivos de la entidad.

Al lado de ellas, se presentaban las falsedades materiales porque presentaban documentos que nunca expidieron entidades como el IDU, la Alcaldía de Bogotá y otros, para hacer incurrir en error a los funcionarios de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, entre otros.

La estafa en la modalidad de delito masa se habría presentado cuando ofrecieron carreras que no podían presentar ante el público porque no tenían la autorización respectiva.