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Fiscalía declara delito de lesa humanidad asesinato de Manuel Cepeda Vargas

Un fiscal de la Dirección Nacional Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, declaró como delito de lesa humanidad el homicidio del senador Manuel Cepeda, ocurrido el 9 de agosto de 1994.

De acuerdo con la información suministrada por la Fiscalía, para este polémico caso, no fue necesaria elevar dicha petición, debido a que se trataba de un caso que pertenecía a la ley 600.

Se conoció que la decisión fue sustentada debido a que la muerte del padre del congresista Iván Cepeda, está relacionada con los múltiples homicidios de los miembros de la Unión Patriótica.

En un comunicado, Cepeda valoró esta decisión de la Fiscalía porque al declararlo crimen de lesa humanidad el delito no prescribe y se le da continuación al caso, por el que ha sido enjuiciado José Miguel Narváez, quien ejercía entonces como subdirector del desarticulado centro de inteligencia Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

"Espero que esta decisión contribuya a allanar el camino de la Justicia en este caso y que muy pronto se tomen medidas también frente al exsubdirector del DAS, Miguel Narváez, quien es procesado en la actualidad como autor intelectual de este crimen", dijo el senador electo por el izquierdista Polo Democrático Alternativo.

Cepeda había promovido esta declaración sin éxito a través del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo con el fin de que el Estado colombiano se pusiera en igualdad de condiciones con la Justicia internacional.

El senador Manuel Cepeda Vargas, abogado y periodista de 64 años, fue asesinado el 9 de agosto de 1994 por sicarios que le dispararon desde un vehículo, cuando se desplazaba por una avenida del occidente de Bogotá.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA), ya había condenado en 2010 al Estado colombiano por el asesinato de Cepeda, quien fue el último senador elegido por la Unión Patriótica.

Esta formación política, que nació en 1985 de un acuerdo del Gobierno de Belisario Betancur con la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), sufrió una fuerte persecución entre las décadas de los 80 y los 90 por parte de paramilitares y agentes del Estado que asesinaron a unas 4.000 personas.