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Fiscalía investiga posible prevaricato de Procuraduría en sanción a Petro, tras archivar proceso penal

La Fiscalía investiga si los funcionarios de la Procuraduría General que sancionaron en su momento al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, con una inhabilidad y destitución de 15 años por el caso de la recolección de basuras, incurrieron en un posible prevaricato, al considerar que esa actuación no fue ajustada a la ley.

En su momento, Carlos Arturo Ramírez y Juan Carlos Novoa, integrantes de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, adoptaron la decisión contra Petro.

De acuerdo con la Fiscalía, contrario a lo expresado por los informes que sustentaron la decisión de la Procuraduría contra Petro, los peritos judiciales establecieron que en los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2012 no se presentó contaminación ambiental en la capital del país.

"La ausencia de recolección de basuras en la ciudad durante los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2012 en Bogotá no generó contaminación ambiental en los términos del Código Penal. Se llegó a esta conclusión después de haber realizado sendos y muy serios estudios periciales sobre la contaminación del ambiente en la ciudad de Bogotá en esa época", dijo el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo.

Sigue investigación por compra de compactadores

El vicefiscal general, Jorge Perdomo, dejó en claro que se ordenó avanzar en la investigación por la supuestas irregularidades en la compra de los compactadores de basura nuevos y usados, que fueron adquiridos en el mes de diciembre de 2012.

"Respecto a los sobrecostos y otras posibles irregularidades en la adquisición de vehículos y su mantenimiento, en la empresa Aguas de Bogotá, al evidenciarse por la Fiscalía que estas actividades presuntamente irregulares se podrían estar presentando hasta el día de hoy, se ha considerado prudente disponer que frente a ese tópico concreto que las investigaciones continúen", dijo Perdomo.

De acuerdo con los investigadores, por ahora no se establecieron inconsistencias en el proceso de importación de los vehículos pesados. Sin embargo, se indaga hasta qué punto se puede configurar algún delito en relación con la compra y el mantenimiento de los mismos, cuya negociación fue adelantada por la empresa Aguas Capital, que es filial de la Empresa del Acueducto y Alcantarillado, pero con autonomía administrativa.

Archivo del proceso

Estas investigaciones hacen parte del proceso en el que el Vicefiscal General determinó archivar la investigación contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, tras las once denuncias que fueron instauradas en relación con la implementación del nuevo esquema de aseo en la ciudad.

"Se decidió archivar la actuación por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir y prevaricato por acción respecto del alcalde de Bogotá, Gustavo Francisco Petro Urrego; Diego Fernando Bravo Borda, ex gerente de la Empresa de Acueducto de Bogotá y Henry Romero Trujillo, exdirector de la UAESP".

La Fiscalía concluyó que pese a lo dicho por el alcalde públicamente, en la investigación se estableció que en el distrito capital nunca se creó ningún nuevo modelo de recolección de basuras.

"Los dos instrumentos jurídicos a través de los cuales se desarrolló este proceso (fueron). Primero, el contrato interadministrativo 017 entre la UAESP y la Empresa de Acueducto de Bogotá, y el Decreto 564 de 2012, según la Fiscalía, y después de un estudio jurídico detallado se ajustaron totalmente a derecho", agregó Perdomo.

Igualmente, la Fiscalía archivó la investigación sobre el supuesto complot de operadores privados de aseo contra la administración distrital y las presuntas irregularidades en la falta de devolución de los camiones por parte de esas empresas y por el contrario pidió investigar al contratista Emilio Tapia y al abogado Manuel Sánchez por falso testigo, por mentirle a la justicia al realizar esta denuncia.