UNP decidirá desmonte de esquemas de seguridad por falta de presupuesto
La Unidad Nacional de Protección retiraría los esquemas de seguridad de personas que ya no representen riesgo, debido al déficit millonario que arrastra por el aumento de peticiones de protección y escándalos de corrupción.
14 Sep 2014 - 05:22 pm
"La situación es muy delicada porque afecta a esquemas que ya están funcionando. Nos faltan 70.000 millones de pesos para mantenerlos hasta final de año", reconoció el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Andrés Villamizar.
Por este motivo, anunció que presentarán al Ministerio de Interior una lista preliminar con 150 personas cuyos esquemas "pueden ser retirados a corto plazo".
La UNP protege actualmente en Colombia a casi 7.500 personas que reciben amenazas de muerte principalmente de grupos paramilitares, que suponen 40 % del total, seguidos por las guerrillas de las Farc y el ELN (30 %) y amenazas de políticos locales (15 %), entre otros.
Aproximadamente 4.000 de los protegidos reciben ayudas como teléfonos móviles para avisar a las autoridades o chalecos antibalas, mientras que hasta 1.800 personas cuentan con esquemas de protección que incluyen un coche blindado y dos escoltas.
Es este último grupo el que se recortará, pues Villamizar insiste en que la crisis que atraviesan afecta únicamente a los esquemas, muchos de los cuales solo podrán mantenerse hasta finales de este mes.
"Por eso estamos pidiendo recursos al Ministerio de Hacienda, pero por otro lado estamos haciendo una revisión estructural para ver qué esquemas se pueden retirar", explicó.
La orden de recortar llegó directamente del presidente, Juan Manuel Santos , aseguró Villamizar, y afectaría principalmente a "exfuncionarios que ya no ejercen un cargo público que les genere riesgo y que además viven en lugares tranquilos como Bogotá".
La UNP calcula que el coste de un esquema de seguridad puede llegar hasta 250 millones de pesos al año, y que su presupuesto para 2014, cifrado en 380.000 millones de pesos , se les ha quedado corto.
"Así hagamos el ajuste, la demanda está aumentando a un ritmo bastante alto. Hay una disparidad entre la mejoría de la seguridad objetiva del país frente a las solicitudes de protección, que obedece a que el programa funciona bien, somos un poco víctimas de nuestro propio éxito", apuntó Villamizar.
El último gran ejemplo de que las amenazas se incrementan pese al proceso de paz que el Gobierno y las Farc desarrollan desde noviembre de 2012 en La Habana se produjo esta semana, cuando diversas ONG denunciaron amenazas de muerte a más de 91 defensores de derechos humanos y víctimas del conflicto.
Se trató en total de 3 listas algo diferentes entre sí que el grupo paramilitar Águilas Negras envió en varios correos electrónicos, en los que instaron a los activistas a abandonar el país en 15 días.
Para ellos se implantarían medidas de seguridad "adicionales" a las que no afecta el déficit, remarcó Villamizar, pero el problema es que varios de los integrantes pueden necesitar esquemas completos para los que "obviamente no hay dinero".
El otro gran causante de la escasez es el escándalo de corrupción que salpicó a la UNP el pasado agosto, cuando se descubrió que funcionarios de la institución habían desviado hasta 600 millones de pesos de los contratos que mantienen con empresas privadas de seguridad, aunque se estima que la cantidad es mucho mayor.
El líder de la trama habría sido el ahora exsecretario de la Unidad Julián Marulanda, que se fugó a Estados Unidos tras conocerse el fraude.
"Este caso ha afectado la confianza que tenemos en las empresas, porque ellas han colaborado con la corrupción", apuntó Villamizar.