Greenpeace se manifestó simbólicamente por el páramo de Pisba (Boyacá).

Para los activistas, es fundamental que el ministro Gabriel Vallejo, ponga sus ojos en los páramos de Boyacá, y que intervenga en el caso Hunza Coal y revoque las licencias ambientales otorgadas ilegalmente a la compañía multinacional carbonera para operar en el Páramo de Pisba.

Para llamar la atención sobre el tema, Greenpeace llegó hasta dicho Ministerio, con una van que simulaba pertenecer a un laboratorio y expusieron recipientes de agua, para mostrar la contaminación que presenta el recurso hídrico en el páramo de Boyacá, como consecuencia de la explotación minera.

En diálogo con RCN La Radio, Silvia Gómez coordinadora local de Greenpeace Colombia, señaló que “Como autoridad ambiental máxima de la nación, el ministro puede intervenir en la revocatoria de esas licencias que fueron otorgadas de manera irregular. El agua que nace de los ecosistemas estratégicos, está contaminada por la minería a gran escala, y tiene altísimos niveles de conductividad y alteraciones en su Ph, es agua supremamente ácida, y esa es el agua que se están tomando los boyacenses en esa zona, o que a futuro les tocará consumir. El ministro Vallejo tiene que ser más radical, comprometido y con visión de largo plazo”.

Las políticas de protección a páramos no serían lo suficientemente Sólidas

Según Greenpeace, el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, presentado por el Gobierno Nacional, tiene un articulado que deja sin piso jurídico la protección de páramos y ecosistemas estratégicos.

“El articulado actual que supuestamente protege los páramos, si se mira con lupa, no promueve del todo la protección de los mismos, y realmente no prohíbe la minería de carbón en estos ecosistemas estratégicos. La propuesta que ha presentado el gobierno con respecto a los ecosistemas de alta montaña es muy débil, y abre las puertas para que las multinacionales mineras que por ejemplo tenían licencias antes del 2010, puedan explotar en páramos. Por eso enviamos un mensaje de más de 3600 personas que comparten nuestra preocupación, para que se asuman estrategias contundentes”. Mencionó la ambientalista.

Insistieron en que hay negligencia para proteger los páramos y que la industria minera está generando daños irreparables en ecosistemas de recarga hídrica fundamentales para el abastecimiento de más del 70 % del agua que consumen los colombianos.

“En la actual propuesta se prohíbe la explotación de recursos naturales no renovables, pero se refiere sólo a las áreas ya delimitadas, actualmente eso significaría sólo el páramo de Santurbán, en Santander. Más de treinta y cinco complejos estarían pendientes de ser delimitados y en esas condiciones quedarían desprotegidos”, advirtió Gómez.