Gremios denuncian intensión de crear monopolio con pruebas de alcoholimetría en el país

Yesid Sierra, abogado de la Terminal de Transportes de Neiva, manifestó que desde hace más de una década se viene desarrollando este programa, el cual no ha sido vigilado correctamente y se está prestando para movimientos judiciales sospechosos, que según ellos, revelan la intención de una competencia desleal.

“Aquí lo que vemos es una serie de irregularidades, que se vienen dando desde hace 12 o 13 años, donde agremiaciones de transporte están obteniendo los contratos para realizar pruebas de salud y aptitud física en las terminales, cuando su función es otra totalmente distinta, lo peor es que esto no se revisa”, aseguró Sierra.

Armando Cuellar, gerente de Coomotor, aseguró que el programa de alcoholimetría y seguridad vial, implementado por el Ministerio de Transportes, se está convirtiendo en una estrategia que busca beneficiar únicamente al consorcio Aditt – Asontrans, grupo encargado de realizar las pruebas en la mayoría de las terminales de transportes.

“No han realizado lo que han ofrecido y lo que han firmado en los contratos establecidos, es por eso que le pedimos al gobierno se apersone e investigue, hacia dónde se están destinando los recursos del estado, los cuales no están siendo manejados de la mejor manera (…) por esto hay procesos incluso en la Contraloría”, aseguró Cuellar.

Frente a estas acusaciones, José Yesid Rodríguez, director ejecutivo de Aditt, uno de los consorcios acusado por las malas prácticas, manifestó que estas acusaciones vienen de intereses personales y que han puesto ante las autoridades, toda la información requerida para que se deje claro que se está haciendo un buen trabajo.

“Es falso lo del monopolio porque hay varios terminales que desarrollan esas prácticas de manera libre por autorización del ministerio y además hay otros terminales que lo hacen directamente, es un proceso donde incluso se está revisando por autoridades judiciales, sin que se encuentren anomalías”, aseguró Rodríguez.

Dentro de estas acusaciones, las cuales parten del proceso para definir el prestador de los servicios de evaluación de la salud de los conductores en la Terminal de Transportes de Neiva, al parecer existe un favorecimiento por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte, a quien RCN La Radio consultó a esta entidad, donde se dejó claro que su función ha sido cumplir las sentencias de judiciales.

Actualmente la Corte Constitucional maneja parte de este conflicto entre transportadores, terminales y agremiaciones del sector, donde deberá decidir el futuro de la forma de contratación de la ejecución del programa de alcoholimetría y seguridad vial, en el pleito de la terminal de Neiva y siente un precedente para próximas contrataciones en el país.