Cámara defiende cambio de contrato para darles nuevos vehículos a los congresistas

Según la funcionaria –que respondió a los señalamientos del abogado y exmagistrado Guillermo Reyes, en RCN La Radio – "la idea es sacar una licitación, si se puede" para reemplazar un contrato de arrendamiento actual de estos vehículos, "por tranquilidad del Presidente y por tranquilidad de todos".

RCN La Radio conoció que la denuncia fue elevada ante la Procuraduría General de la Nación contra la funcionaria, en la que se advierten una serie de señalamientos contra Gloria Inés Raigoza en torno a la licitación número 02 de 2014 que busca comprar 81 vehículos blindados por una suma superior a los 22 mil millones de pesos.

En la actualidad, la Cámara de Representantes viene pagando un arriendo por los vehículos que tiene y lo que pretende la licitación es poder comprar definitivamente las 81 camionetas para la movilidad y seguridad de los miembros de esa corporación.

Para el abogado Reyes hay fallas en el cálculo hecho por la dirección administrativa de la Cámara de Representantes y advierte que no se trata de 22 mil millones, sino de más de 31 mil millones de pesos, pues en la justificación de esta decisión se omite mencionar el costo que representa el desembolso del dinero y los gastos de mantenimiento.

Raigoza dice que contrato de arrendamiento está investigado

La funcionaria respondió que no podía prorrogar el contrato de arrendamiento actual de los vehículos que han sido asignados a los congresistas para su protección (interadministrativo No. 907 del 20 de Noviembre de 2012), porque supuestamente está intervenido por la Contraloría General de la República.

"El contrato (de arrendamiento) que se hizo fue interadministrativo, por el valor de 18.516 millones de pesos y se hizo directo con la Unidad de Protección", dijo la Directora Administrativa de la Cámara a RCN La Radio.

Agregó que, según una auditoría adelantada por la Contraloría General, se hizo un "hallazgo" que cuestiona la legalidad del contrato de arrendamiento.

La irregularidad que habría encontrado la Contraloría es que el actual contrato de 'renting' (servicio en el que una de las partes toma en arredramiento un vehículo) fue firmado por medio de contratación directa por parte el jefe de control interno, Andrés Felipe Álvarez Grajales, quien a la hora de refrendar el negocio, fungía como Director Administrativo encargado de la Cámara de Representantes, porque Gloria Inés Raigoza se encontraba incapacitada.

Otra de las anomalías aparentemente encontradas por el ente de control estuvo en el objeto del contrato, pues la Unidad Nacional de Protección no tiene la competencia para contratar vehículos blindados en arrendamiento, sino que su oficio se basa eminentemente en la protección; este argumento está establecido en la ley 80 de 1993.

"(La Contraloría) lo tipifica disciplinariamente porque presuntamente no se podía hacer directo sino que se tenía que haber sacado una licitación, porque dentro de las funciones -según la información de la Contraloría- la Unidad de Protección no tiene la facultad de arredrar", señaló.

Cuestionan la nueva licitación

Por eso, la señora Raigozo aseguró que era necesario comenzar un nuevo proceso para dotar de vehículos a los congresistas e informar de las presuntas irregularidades en el contrato anterior.

"A la persona que me reciba (cuando cambie la mesa directiva en la Cámara) me toca informarle sobre el hallazgo (de la Contraloría)", insistió.

No obstante y según el demandante Reyes, lo más grave de todo es que los términos de la licitación están diseñados para que sólo un oferente se quede con el contrato. Se trataría de Toyota de Colombia, que es el único que en el mercado actual ofrece servicio de mantenimiento durante 3 años o 100 mil kilómetros.

Pero la Directora Administrativa de la Cámara aseguró que la licitación está apenas en etapa de prepliegos y que no se ha tomado la decisión aún.

No obstante, admitió que ella es partidaria de firmar un nuevo contrato de arrendamiento, que debe hacerse por licitación pública para "curarse en salud".

También advirtió que deberá hablar con el Presidente de la Cámara y que de allí debe salir la decisión de si seguir adelante con la licitación para la compra o mantener el esquema de 'renting' que viene funcionando hasta ahora frente a los vehículos que usan para su movilidad y seguridad los representantes a la Cámara.