Cargando contenido

Ahora en vivo

Seleccione la señal de su ciudad

Exmagistrado Rodrigo Escobar Gil y hermano de Jorge Pretelt habrían mediado en pago de sobornos

RCN La Radio conoció más detalles del escándalo que involucra al Presidente de la Corte Constitucional Jorge Pretelt en el presunto pago de sobornos a magistrados para fallar una tutela a favor de la compañía Fidupetrol.

El periodista de RCN La Radio y columnista de la Revista Semana, José Manuel Acevedo reveló que en la declaración del abogado Víctor Pacheco se explica que el exmagistrado Rodrigo Escobar Gil y un hermano del Presidente de la Corte Constitucional Jorge Pretelt habrían servido de intermediarios para el pago de sobornos a magistrados de la Corte para desviar el curso del fallo de la citada tutela.

Lo anterior, para que el magistrado Jorge Pretelt cobrara los 500 millones que supuestamente le fueron girados.

Este es un nuevo detalle de la versión entregada por el abogado Víctor Pacheco quien denunció el escándalo que envuelve al presidente de dicho tribunal.

Se conoció también frente a la selección de esta cuestionada tutela, que los magistrados Alberto Rojas e Iván Palacio habrían dejado constancia en la que manifestaban no estar de acuerdo con seleccionar dicha tutela.

Por su parte, el ministro de la presidencia, Néstor Humberto Martinez, le pidió al presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Julián Bedoya, “se adelante con decisión y de manera inmediata” la indagación correspondiente a las denuncia contra el presidente de la Corte Constitucional.

Néstor Humberto Martínez dijo que siguiendo instrucciones del Jefe del Estado, solicita indagar sobre la denuncia hecha por el magistrado Mauricio Gónzalez en la cual acusa de un hecho de supuesto soborno en el que se ve involucrado el Presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt.

La acusación al Presidente de la Corte Constitucional consiste en el supuesto pago de sobornos a magistrados para fallar a favor una tutela de de la compañía Fidupetrol. ( Lea también: Acusan a Presidente de la Corte de corrupción)

Se trata de una tutela que buscaba revocar una decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que imponía a esa compañía una multa de 22 mil millones de pesos; dicha tutela fue firmada el 16 de octubre del año 2014 y el fallo de la misma fue negativo a las aspiraciones de la empresa representada por el abogado Víctor Pacheco.

Al parecer, tras este fallo negativo el señor Pacheco se siente defraudado, por lo que decide buscar a los magistrados de la Corte Constitucional para contarles que a él le pidieron el pago de un soborno y que finalmente no cumplieron con la parte que correspondía a los magistrados implicados en la versión del señor Pacheco.

Esto indica que lo que hizo Pacheco fue confesar que participó en un cohecho y entregó dinero a cambio de que Pretelt o González hicieran los cambios correspondientes a la tutela que el demandante esperaba.

Dicho fallo estaba en manos del magistrado Mauricio González, quien al parecer luego de enterarse de esta situación confrontó incluso al señor Víctor Pacheco, aclarando que nunca recibió ningún tipo de dádiva, así tomaría entonces la decisión de pedir a la Comisión de Acusaciones -que es el juez natural del Presidente de la Corte Constitucional- que lo investigue por esta versión que ha presentado el abogado Víctor Pacheco y del cual varios magistrados de la Corte Constitucional tendrían conocimiento.

En el documento que llevó a la Comisión de Acusación de la Cámara, el magistrado González entregó el paso a paso sobre el cómo se dieron los hechos; al parecer inicialmente el señor Pacheco contactó a algunos de los magistrados para dar esa información y en donde se habría presentado un aparente caso de soborno.

Se conoció que al encontrarse sorprendido con esta información se reunieron en la ciudad de Cartagena y fue así como frente a frente y con la mediación de un tercero, el señor Víctor Pacheco le ratificó lo denunciado a varios magistrados de la Corte Constitucional, es decir, le reiteró que había una denuncia en el sentido de que se habrían ofrecido o pagado 500 millones de pesos para favorecer un fallo.