La cronología del polémico proyecto inmobiliario que amenaza el patrimonio

En abril de 2016, un proyecto de vivienda de interés social, conformado por cinco torres de 30 pisos cada uno, en cercanías al Castillo de San Felipe inquieta al Instituto de Patrimonio y Cultural por posible afectación al patrimonio. En ese mismo momento, el curador urbano número 1, Ronald Llamas, dijo que la licencia fue otorgada de manera legal y no había violación al Plan de Ordenamiento Territorial

En Junio de 2016, el Comité Técnico de Patrimonio de Cartagena le pidió al Ministerio de Cultura estudiar el caso con detalle porque podría haber una lesión al patrimonio de la ciudad. En respuesta, esa cartera envió una comisión para verificar ese proyecto. Solo un año después, en Junio de 2017, el Ministerio de Cultura expidió una resolución que amplía el área de influencia y permite construcciones superiores a 10 pisos de construcción.

En octubre de 2017, el Ministerio de Cultura expresó su preocupación por el inicio de construcción este proyecto, sostuvo que rompería con el paisaje urbanístico y, por ende, afecta al patrimonio. Alberto Escobar, director de Patrimonio de MinCultura, dijo que a la Secretaría de Planeación de modificar el Plan de Ordenamiento Territorial que permite construcciones de más de 10 pisos.

El 16 de octubre, la Procuraduría General de la Nación le pidió explicaciones al Instituto de Patrimonio y Cultura (Ippc) y a la Secretaría de Planeación sobre las acciones tomadas para salvaguardar el patrimonio ante la construcción en curso en cercanías al Castillo. El Organismo de control programó una reunión entre Secretaría de Planeación y la Oficina Jurídica.

El 17 de octubre, la Secretaría de Planeación concluye que revisará  las normas que regulan los proyectos de vivienda de interés social. El alcalde encargado, Sergio Londoño Zurek, manifestó que Curaduría y MinCultura están mintiendo en sus pronunciamientos, y que la Alcaldía fue la primera en advertir este problema.

Tras los pronunciamientos de las autoridades, un representante del proyecto Aquarela dio a conocer que no han infringido la ley, incluso manifestó que todas las solicitudes de licencia fueron aprobadas por la Curaduría Urbana 1, el Fondo de Vivienda (Corvivienda) los certificó como un proyecto de vivienda de interés social (VIS) y que nunca estuvieron en el área de influencia del Castillo de San Felipe.