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La OCDE 'raja' la política agrícola de Colombia

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico raja la política del sector agropecuario en el País en un documento hecho público.

El documento, que hace parte de la 'hoja de ruta' definida para que Colombia acceda a esta organización, un 'club' de las buenas prácticas y políticas públicas para fortalecer el desarrollo, presenta un diagnóstico y una serie de recomendaciones.

Aunque las recomendaciones sugeridas en el texto no son de obligatorio cumplimiento, no avanzar en la dirección señalada por la OCDE dificultaría hacer parte de esta organización, meta que se hizo el Gobierno del Presidente Santos.

El diagnóstico

En su documento la OCDE señala una serie de dificultades del sector agrícola colombiano. Después de señalar su relevancia en la economía y el desarrollo colombiano, muestra que sector agrícola lo caracteriza su baja productividad, poca innovación y dificultades para competir.

El aparte más crítico del reporte afirma que “El sector agrícola ha padecido las consecuencias de unas políticas deficientes y afronta importantes desafíos estructurales”. También afirma que las instituciones presentan importantes debilidades”.

El reporte encuentra que la baja productividad que reduce la capacidad para competir con los productos importados, se ve “afectada fundamentalmente por una infraestructura deficiente, el desigual acceso a las tierras y los conflictos relacionados con su uso, así como por la debilidad de las cadenas de valor”.

El conflicto armado interno es, para la OCDE, también causante de los problemas del sector agrario; pero la agencia lo ve como una oportunidad, en el sentido que para impulsar su sector agrícola Colombia tendrá que reformar el sistema de tenencia de la tierra y las reparaciones a las víctimas de los conflictos en las zonas rurales.

Señala también el documento que este panorama se explica en parte por los altos niveles de protección de la competencia del exterior y pese a crecientes e importantes recursos públicos destinados, principalmente en subsidios directos a los productores que favorecen la producción y no las mejores prácticas.

Las recomendaciones

El reporte de la OCDE señala que deben adelantarse reformas estructurales, mejorar el marco institucional, adelantar innovación basada en investigación y ciencia y aumentar la integración con los mercados internacionales.

Así, propone invertir más en bienes públicos, como infraestructura de riego, regular el uso y abastecimiento del agua y mejorar la infraestructura de transporte.

También propone una política de acceso a la tierra que permita que quienes no la tienen puedan usarla, actualizar el sistema catastral y acelerar el registro de las propiedades.

También propone reformar la tributación sobre la tierra y cómo se avalúa la misma.

En materia institucional, debe fortalecerse para la agencia la coordinación entre ministerios y otros organismos gubernamentales y la capacidad para hacer políticas.

Finalmente la OCDE pide reevaluar el sistema de parafiscales, mediante el cual se otorgan subsidios a los productores así como el sistema de protección a través de las franjas de precios.

Reto para el Gobierno

Este crítico reporte llega en un momento difícil para la política agrícola del Presidente Santos. El sector enfrenta no sólo bajos niveles de crecimiento en los últimos años sino importantes peticiones de subsidios y protección por parte de los cultivadores y productores pecuarios.

Las políticas de otorgamiento de subsidios y protección que critica fuertemente la OCDE se fortalecieron como resultado de la negociación para lograr levantar el paro agrario de hace dos años.

Si bien en el Plan de Desarrollo que se tramita en el Congreso incluye artículos que avanzan en la reforma de las instituciones del agro, la hoja de ruta de la OCDE incluye recomendaciones más ambiciosas.

La OCDE combina tanto reformas amigables a los mercados y la apertura a mercados internacionales, como reformas favorables a la redistribución más justa de la tierra y a facilitar su acceso. Propone también que se mejore la estructura de impuestos y que quienes usan el agua en el agro, paguen por ella.

Todas estas reformas, parecen compatibles con lo acordado en el punto de desarrollo rural con la guerrilla de las Farc.

El reto para el Gobierno será retomar el camino de ambiciosas reformas si es que quiere acelerar su entrada a la OCDE.