La violencia empaña el legítimo reclamo por los 43 desaparecidos en México

Siete semanas después de la desaparición de los estudiantes de magisterio de Ayotzinapa, quienes fueron detenidos por policías corruptos y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, las manifestaciones en el país crecen y cada vez se caldean más los ánimos.

Quemas al Palacio de Gobierno de Guerrero, las instalaciones de la Alcaldía de la ciudad de Iguala y la puerta del Palacio Nacional en Ciudad de México, así como de vehículos, han sido algunas de las acciones de protesta más agresivas y llamativas.

Maricela Portillo, experta en Movimientos Sociales y de Juventud de la privada Universidad Iberoamericana, indicó que estos actos violentos, protagonizados por pequeños grupos, empiezan a incidir en la opinión pública y a dividir a la sociedad.

"Impacta en términos de modificar la empatía generalizada que a todos nos consterna y en este momento eso no nos beneficia a la sociedad civil, que estamos intentado articular un movimiento" sobre "qué podemos hacer frente a esta barbarie", dijo Portillo.

La también coordinadora del Doctorado en Comunicación de la Iberoamericana señaló que una de las preguntas que debe hacerse el país es a quién está sirviendo este tipo de acciones y por qué se está dejando que esto ocurra sin que nadie intervenga.

"La sensación generalizada es que hay distintas instancias que parece están siendo sospechosamente permisivas con todo este panorama", apuntó.

La inacción de las autoridades es atribuida por el experto en seguridad Guillermo Zepeda a la cautela de fuerzas como el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), que gobierna en Ciudad de México y hasta hace un par de semanas en Guerrero, donde el gobernador Ángel Aguirre dejó el cargo por la crisis.

"Hay una situación del costo político que ellos calculan. El partido en el Gobierno sabe que salió muy lastimado con los hechos de Guerrero y no quiere ampliar su deterioro en su imagen", afirmó.

La postura de las formaciones políticas y las autoridades ante la situación, a juicio de Zepeda y Portillo, está "magnificando el vacío de poder".

En el caso de la capital del país, los brotes de violencia en las movilizaciones han sido protagonizados por grupos que se autodenominan anárquicos, mientras que detrás de los de Guerrero están los grupos radicales de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (Ceteg).

Dicha sección sindical de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizó en 2013 numerosos bloqueos carreteros y ataques a oficinas gubernamentales y sedes de partidos políticos, en protesta por la reforma educativa promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto.

La CNTE tiene fuerte presencia en Michoacán, Oaxaca y Guerrero, estados con altos índices de pobreza y donde en las últimas semanas se han registrado acciones similares a las de 2013, pero esta vez para pedir justicia en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos.

"A lo mejor es la única forma de manifestar su hartazgo y su rabia; yo creo que sus dirigentes tendrían que llamar al orden, mantenerse con energía, pero sin violencia defender sus derechos", opinó Zepeda.

Los padres de los 43 estudiantes se desvincularon esta semana de las acciones violentas de la Ceteg, cuyos miembros se encuentran acampando en el Zócalo de Chilpancingo desde la desaparición de los jóvenes el 26 de septiembre pasado.

Ante la situación que enfrenta el país, el analista Javier Oliva percibe una "muy estructurada capacidad de protestas violentas", que ante la inacción de las autoridades locales y federales está creando "un ambiente de miedo y conflicto más intenso".

"La percepción de que aplicar la ley es sinónimo de represión, está llevando a una ruta de deterioro en la aplicación de las leyes y en la capacidad de las autoridades para gestionar el conflicto", indicó.

Entre los pasos a seguir, Zepeda estimó necesario "formalizar la protesta en una agenda de transformación para que no queden impunes los crímenes y se atiendan las causas por las cuales estos hechos lamentables son síntoma".

En tanto, Portillo opinó que debe hacerse un llamado a los medios de comunicación para que sepan deslindar las responsabilidades de los actos violentos.

"Siempre en medio de la agenda informativa son noticias muy llamativas ver autos incendiados, la puerta del Palacio Nacional incendiada, es como ver el país en llamas, pero son actos circunscritos a pequeños grupos y eso debe quedar claro", afirmó.