María del Pilar Hurtado no puede tramitar ningún tipo de visa en Panamá, según expertos

A esta conclusión llegaron este miércoles los panelistas del foro "El Derecho de Asilo y el caso María del Pilar Hurtado", organizado por el Instituto de Estudios Políticos e Internacionales (IEPI).

Según el diario, entre los oradores estaba el representante de las víctimas de la exfuncionaria, Ángel Álvarez; el excanciller Jorge Eduardo Ritter; la directora ejecutiva de Alianza Ciudadana pro Justicia, Magaly Castillo, y el abogado defensor de derechos humanos Miguel Antonio Bernal.

Álvarez recordó que el pasado 18 de julio el Tribunal Superior de Cundinamarca canceló el pasaporte de Hurtado, por lo que técnicamente no podría aplicar a ningún tipo de visa.

El abogado explicó que Hurtado tampoco podría participar en el proceso de regulación migratoria "Crisol de razas", porque en este operativo solicitan copia de pasaporte y antecedentes penales.

"Tenemos conocimiento de que también está tratando de legalizarse a través de su esposo. Él es un inversionista colombiano que tiene cédula panameña y la estaría reclamando como cónyugue. Pero esto tampoco procede por la misma cuestión del pasaporte cancelado", añadió.

A finales de mayo de este año, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el asilo otorgado a Hurtado. Semanas más tarde, el propio director del Servicio Nacional de Migración, Javier Carrillo, precisó que de ser encontrada podría ser detenida.

Durante su intervención, Miguel Antonio Bernal acusó al actual ministro de la Presidencia Álvaro Alemán, de proteger a Hurtado.

"Ella está ilegal aquí y está siendo protegida por Álvaro Alemán, quien siendo vicecanciller en el gobierno de Ricardo Martinelli fue quien le otorgó en tiempo récord el asilo", añadió.

"Ya varios comités de derechos humanos han demandado a Panamá en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por este caso", agregó.

Por su parte, Magaly Castillo recordó que los delitos cometidos por la exdirectora del DAS son considerados como de lesa humanidad y por tanto no prescriben.

"A los violadores de derechos humanos se les debe cerrar las puertas, no abrirlas", acotó.

Coincidiendo con estos argumentos, el excanciller Ritter indicó que la actitud del gobierno del presidente Juan Carlos Varlela con este caso crearía un mal precedente, pues estaría dando la visión al mundo de que en Panamá no se persigue a quienes realizan conversaciones ilegales.